Aunque forma parte de la investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, la revelación de FARO de que el Concello había pacto de mutuo acuerdo una rescisión de contrato con la anterior concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, cuando había una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulando la adjudicación realizada en 2007, por parte de DO, que denunció la gestión del servicio. Desde el PP reclaman explicaciones, así como la información correspondiente a este respecto.
La edil de DO, Susana Gómez, advierte que como se pacta una rescisión cuando una sentencia del alto tribunal gallego anula la adjudicación, y que debería llevar consigo una nueva sin tener que esperar más de un año y con un cambio de pliego de condiciones incluido.
