El nuevo curso escolar comenzará mañana en el provincia, con dos centros escolares menos, los de Larouco y Gomesende y un tercero, el de Baltar, cuya apertura está aún en dudas a estas alturas.
Según ratificó ayer la Consellería de Educación, el cierre del colegio público de Larouco es oficial desde el 3 de agosto tras su publicación en el DOG. El de Gomesende cierra por petición de la propia Asociación de Nais e Pais del centro, y en cuanto al de Baltar, la administración está a la espera de la decisión que adopten los padres de los estudiantes.
Los alumnos del colegio público de Larouco, serán escolarizados en el CEIP de A Rúa, debido a que el centro no reunía el número mínimo de alumnos exigido, pues se quedaba en cinco cuando deberían ser al menos siete.
Diferentes son las razones que condujeron al cierre del colegio Rosalía de Castro en Gomesende. En este concello de la comarca de las Terras de Celanova ha sido la presión de los padres, la que ha originado este desenlace. Los progenitores representados en el ANPA se niegan a que los pequeños de entre seis y doce años compartan una misma aula y un solo docente, por lo que, ante esta situación, serán distribuidos en centros de las localidades limítrofes de Quintela de Leirado y Celanova.
Baltar estudia la situación
Existe además un tercer centro en la provincia que está estudiando, también debido a la posición de los padres, cancelar su actividad, el del concello de Baltar. En este centro educativo deben convivir en una misma aula, pequeños de tres años que acaban de iniciar su aventura escolar, con otros de doce que se preparan ya para el paso a la educación secundaria. Pero por el momento, la Xunta no se ha pronunciado y el destino de los niños de este municipio aun no ha sido decidido.
Ante esta tendencia de cierre de escuelas en el rural, la Alianza por un Mundo Rural Galego Vivo, conformada por Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia), CIG, Fruga (Federación Rural Galega) y ORGACCMM (Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común) ha asegurado que estas decisiones forman parte de la política de Núñez Feijóo para el medio rural, cuyo objetivo es para ellos claro, "la exterminación de su población".
La postura de estas organizaciones asegura que el ejecutivo de la Xunta pretende con estas medidas de cierre de escuelas en el rural, "desmantelar su sector educativo, para dejarlos sin niños, y por lo tanto sin futuro".
Además de los recortes en educación, esta alianza de asociaciones comprometidas con el rural ha denunciado también otras medidas que contribuyen, a su juicio, al desmantelamiento de este ámbito, como la unificación de los juzgados en el sector judicial; la integración del PAC de Verín en las urgencias del hospital, en el sector sanitario; la disminución de efectivos para la prevención y extinción de incendios forestales, o la reducción en un 80 % de los planes concertados con los que los ayuntamientos realizaban los servicios sociales, así como la eliminación del servicio de promotores de empleo.
Según Xosé Manuel Vila, representante de Fruga, este tipo de actitud con respecto al medio rural, demuestra por parte del gobierno que "no conoce la propia idiosincrasia de la comunidad en la que rige", donde más de un 75 % del territorio y algo más de la mitad de la población pertenecen a este área.
