La anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2003 por el gobierno del PP presidido por Manuel Cabezas, y ratificado después por la Xunta de Galicia, con el actual presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo como titular de la Consellería de Política Territorial, podría costar al Concello de Ourense 110 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

Es la cantidad que suman las 35 reclamaciones registradas en el ayuntamiento y remitidas a la Xunta por particulares y empresas perjudicados por la pérdida de vigencia del planeamiento, anulado por sentencia firme del Tribunal Supremo, dictada el 9 de marzo de 2001.

El pasado jueves finalizó el plazo establecido legalmente para presentar este tipo de demandas, por lo que la cantidad máxima requerida al gobierno municipal por empresas y particulares afectados por la caída del plan ya es definitiva. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, manifestó ayer que el Concello de Ourense, como responsable solidario, se enfrenta a una situación "complicada" con consecuencias "muy gravosas" para el ayuntamiento que "si no se defiende bien" podría generar una situación de seria dificultad al ayuntamiento en los próximos diez años, mientras se mantenga abierta la vía judicial y se vayan cerrando los procesos abiertos.

El gobierno local advierte de que los daños y perjuicios reclamados surgen de actuaciones iniciadas en virtud de la "confianza legítima en la validez del PXOM 2003 y de su contenido". La existencia de un documento aprobado y ratificado ofrecía plena seguridad a promotores y empresas para desarrollar y urbanizar los terrenos adquiridos en base a la calificación urbanística que ostentaban en el momento de su adquisición pero que quedaron en suspenso al caerse el plan.

La edila explicó que la defensa jurídica del gobierno local frente a estas demandas se basará en la legislación de ámbito estatal que regula que "la modificación de la clasificación urbanística no es indemnizable".

En todo caso, Soto matiza que aunque "no hay amparo para la indemnización", el cambio de calificación sí puede ser objeto de discusión en los tribunales, por lo que "hay que estudiarlo bien jurídicamente" . De hecho, las reclamaciones presentadas hacen referencia al artículo 25 de la Ley del Suelo que acredita que es indemnizable la pérdida de facultad de participar en los desarrollos urbanísticos.

La concejala también precisó que las reclamaciones por gastos realizados para el desarrollo de los ámbitos urbanísticos "tienen dudosa indemnización" si están tramitados "en plazo".

Los 35 particulares y empresas que reclaman se han acogido al artículo 6 del Real Decreto 429/93 para exigir al Concello cantidades que van desde los 20.000 euros a los 40 millones de euros. Justifican y motivan su petición de compensación económica en el perjuicio que han sufrido por la caída del PXOM de 2003, señalando varias consecuencias. Una de ellas es que la nulidad del planeamiento altera las condiciones urbanísticas debido al cambio de ordenación territorial y urbanística. Áurea Soto se refirió a suelos clasificados con una edificabilidad y unas plusvalías generadas que se han perdido al retornar el urbanismo de la ciudad a las condiciones del plan de 1986, que recuperó su vigencia al quedar anulado el de 2003.

También se han registrado reclamaciones de promotores o empresas que, debido a la alteración de la clasificación del suelo, no han podido ejecutar actuaciones de nueva urbanización previstas. En el tercer paquete de demandas se reclaman indemnizaciones por los gastos derivados de la actividad empresarial, costes y financiación realizados para iniciar y promocionar las actuaciones de urbanización que han caído en saco roto.

Las 35 reclamaciones se suman a los once recursos interpuestos contra la ordenación provisional

Las 35 reclamaciones presentadas por particulares y empresas se registraron en el Concello de Ourense y este las ha remitido a la Xunta de Galicia. La edila de Urbanismo recuerda que la jurisprudencia reitera la "solidaridad" entre las administraciones en la responsabilidad por la nulidad de instrumentos de planeamiento, y apunta que "estamos colaborando con la Xunta como administración corresponsable".

Además, estas reclamaciones se suman a otras de naturaleza judicial contra actos municipales y a los 11 recursos interpuestos contra la ordenación urbanística provisional que entró en vigor en octubre de 2011 y suspende la aplicación del PXOM de 1986 en áreas de especial interés. El documento ordena y regulariza un total de 31 ámbitos, a los que posteriormente y por demanda específica del Concello se incluyó el desarrollo urbanístico en As Burgas.

Este orden provisional pretende evitar la paralización de la ciudad desarrollando actuaciones de carácter dotacional público de interés general o que están incluidas en un plan estratégico municipal.