La Fiscalía de Ourense, condicionada por el límite de tiempo en los plazos judiciales, ha acusado en el tramo final de la campaña a los tres excargos políticos del BNG inculpados, junto a un funcionario y a los dos socios de una empresa, en la supuesta trama para la adjudicación y explotación de cuatro paneles informativos en Ourense. El fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado, reclama penas de entre 1 y 5 años y medio de prisión, y hasta 14 de inhabilitación pública para Andrés García Mata y Alexandre Sánchez Vidal -los dos tenientes de alcalde dimisionarios en un plazo de tres años- y para David Cortón Lamelas, exdirector xeral de Turismo, que abandonó el cargo días antes de que el juez instructor imputara a los implicados. Vidal, García Mata y Cortón, empleados en distintos ámbitos del sector público, se arriesgan a ver comprometida su carrera profesional.
La presunta irregularidad en la concesión fallida golpea a la mitad nacionalista del gobierno bipartito en el epílogo de su primera legislatura de gobierno. Florentino Delgado, que inició la investigación a partir de una denuncia del PP tras ver denegada una comisión monográfica, solicita asimismo la comparecencia del alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, para que declare como testigo el día del juicio.
El proceso, frenado en junta de gobierno y anulado con el aval de la asesoría jurídica y del Consello Consultivo, definiría presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y, alternativamente, tráfico de influencias que el fiscal jefe atribuye en distinta medida a los seis acusados.
Florentino Delgado concluye que los tres políticos, el funcionario jefe de servicio de Termalismo, Elías Domínguez, y los dos socios de la empresa acordaron "ejecutar un plan conjunto" y "crear un simulacro de expediente administrativo" para que la empresa Afiador S.L., constituida supuestamente ad hoc, lograra una concesión de pingües beneficios. Según los cálculos, la firma podría haber llegado a facturar más de 8,4 millones de euros al año, gracias a la contratación de publicidad y spots.
La contrata, de cuarenta años de duración, solo exigía un inversión inicial de 77.000 euros sin revertir en el Concello nada más que la difusión puntual de información institucional. Es por esto que el representante fiscal entiene que "habrían de dar algún tipo de contraprestación por tan lucrativo negocio, bien directamente o bien para financiar actividades de personas físicas o jurídicas"
El fiscal involucra a tres delegaciones competencia del área nacionalista: Turismo (con la Dirección Xeral de David Cortón); Infraestructuras (concejalía de García Mata) y la Tenencia de Alcaldía, el sello impulsado por Alexandre Sánchez Vidal que marcó desencuentros entre PSOE y BNG.
El fiscal, que empezó a investigar a finales de 2008 con la denuncia del PP, se remonta al final de 2007. Solo unos meses después de la victoria del bipartito frente al PP de Enrique Nóvoa, un empresario se puso en contacto con el exdirector xeral David Cortón ofreciéndole la posibilidad de instalar un panel de publicidad en la vía pública. Cortón se enfrenta a 5 años y medio de prisión y a 14 de inhabilitación, al igual que su jefe de servicio, Elías Domínguez. Se centra en ellos al hablar de la supuesta simulación del expediente para dar cobertura de legalidad a la trama. Están acusados de prevaricación, cohecho -o tráfico de influencias- y de falsedad documental continuada.
Según el fiscal, para los objetivos supuestamente orquestados era preciso dar mediante "algún tipo de resolución o acuerdo" una "apariencia de cobertura legal a la maniobra", una adjudicación directa y sin publicidad "o control público alguno", matiza Delgado.
Convenio y "simulacro"
Así sería como en enero de 2008, alguno de los acusados u otra persona por encargo se puso en contacto con una empresa portuguesa a la que solicitó información y presupuesto. Esa documentación, al igual que la primera referencia que había facilitado meses antes el otro empresario, permitió que "los acusados fueron consolidando su idea inicial de hacerse sin tramitación alguna con la explotación de los paneles".
Surgió la empresa supuestamente creada ad hoc para la contrata. Afiador tenía como dos únicos socios. El fiscal pide tres años de prisión e inhabilitación para ambos: Daniel Conde, un funcionario en excedencia, y Omar Bouzo, acusados de cohecho y falsedad documental continuada. La firma rubricó un contrato convenio con el exteniente de alcalde Sánchez Vidal pese a que según el fiscal "era manifiestamente incompetente" para arrogarse esta tarea.
La firma de Vidal, que afronta una petición de 5 años de cárcel y 14 de inhabilitación, autorizaba a la empresa a la instalación de tres paneles y a una cuarta, entre los puentes del Milenio y del Ribeiriño, que exhibiría información de tráfico. El contrato llevaba fecha de 4 de febrero de 2008, "fecha que por lo tanto se hizo constar falsamente", ya que recogía el CIF de la empresa pero esta ni siquiera existía. El fiscal razona que "atrasando las fechas era más fácil la creación artificiosa de un simulacro de expediente".
La acusación del fiscal planea acto seguido sobre Andrés García Mata, que decidió renunciar al primer minuto de ser imputado y que, entre los tres nacionalistas, se enfrenta a menor pena: 1 año de cárcel por supuesto cohecho y 10 lejos de cargos públicos sumando una presunta prevaricación. Afiador pidió permiso a Infraestructuras, la concejalía de Mata, en junio de 2008, para empezar a obrar. Mata, sin competencias y a sabiendas de "que no existía expediente ninguno", según el fiscal, dio el "visto e prace". Sin la licencia preceptiva de Urbanismo, con un informe obviado de la Policía Local que desaconsejó la ubicación tres paneles por motivos de seguridad en octubre se abrieron socavones. Poco después se paralizaron las obras, se paralizó el proceso y el PP denunció.
"Sin tramitación administrativa", los acusados convinieron a partir de entonces "crear un simulacro de expediente". El fiscal cita resoluciones "artificiosas" e informes "falsamente" fechados de Cortón y Domínguez, que eligió a Afiador como mejor propuesta. Con falsa datación, de noviembre de 2007, se habría realizado el propio pliego técnico. Cortón, los oficios a tres empresas, dos nunca se enviaron para dar apariencia de legalidad.
