La asociación de vecinos San Miguel de Canedo presentará el lunes en el juzgado una querella dirigida contra el Concello de Ourense, la Consellería de Sanidade, el concejal de Medio Ambiente y la empresa Sugasa por supuestos vertidos irregulares a un regato que desemboca en el río Miño, así como por la expulsión de olores “muy desagradables” que afectan a toda la parroquia, especialmente en verano. La actividad de esta empresa se basa en la manipulación de reses muertas para su conversión en grasas y piensos.

La presidenta del colectivo vecinal, María Victoria Lamas, considera que tanto la administración local como la autonómica “son responsables” de la situación que viven los alrededor de 800 vecinos de Canedo “por no haber tenido en cuenta nuestras quejas y reclamaciones”.

Sugasa estuvo en el punto de mira hace unos diez años cuando se destaparon supuestas irregularidades en la quema de las reses afectadas por el conocido popularmente como mal de las “vacas locas”. La guerra desatada por aquel entonces contra la empresa derivó en el cierre de las instalaciones pero, recuerda María Victoria Lamas, “a través de una serie de triquiñuelas legales volvieron a abrir tres meses después”. En cambio, asegura que nunca dejaron de percibir los hedores que emanan de las instalaciones.

Hace año y medio, la asociación vecinal que ella preside decidió retomar la guerra contra Sugasa pero no con el objetivo de lograr su cierre, “sino simplemente para que mejoren la gestión y no tengamos que soportar los olores tan desagradables que salen de sus chimeneas”.

La batalla comenzó con quejas y reclamaciones en el Concello de Ourense, la Consellería de Sanidade y el Seprona, “pero vienen, miran, informan y se van”, critica Lamas. De hecho, afirma que la respuesta obtenida hasta ahora “es que no pueden hacer nada porque la empresa cumple con todas las exigencias legales”. Sin embargo, y ante la sospecha de que se estaban realizando vertidos “ilegales” al regato que pasa junto a las instalaciones y que desemboca en el río Miño, la asociación vecinal tomó muestras de las aguas ante notario y las envió al Laboratorio de Análisis y Calidad Medioambiental de Santiago. Los resultados, que declaran el agua altamente contaminante, serán entregados con la denuncia que el lunes presentarán en el juzgado. Los vecinos entienden que la afectación a las aguas puede extenderse a los terrenos “y al aire que respiramos 800 vecinos”, por lo que han decidido usar todas las armas para poner freno a la situación que viven. “Hablamos de problemas reales que tienen que solucionarse”, concluye María Victoria Lamas.