En la primera reunión con Xosé Manuel Pazos como presidente de turno, la junta de gobierno de la Mancomunidade aprobó ayer adjudicar a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) un lote de antigua maquinaria para la clasificación de los residuos que se instaló hace más de veinte años en la planta de tratamiento de A Portela pero nunca se puso en funcionamiento. El ente comarcal ingresará 37.000 euros por este concepto, algo más de la cuantía que tendrá que pagar este año a la empresa adjudicataria de la recogida y transferencia de residuos, Recolte -de 1.881.000 euros a 1.914.000- por la subida del IPC (índice de precios de consumo), que es del 1,8%. Con esos ingresos adicionales y los previstos por el incremento del padrón de usuarios, la Mancomunidade no necesitará repercutir esa diferencia en el recibo que cobra a los ciudadanos por el servicio.

La revisión de precios que se pagará a Recolte se aplicará desde el 1 de mayo de 2016 hasta el 30 de abril de 2017, y volverá a actualizarse al cierre de este ejercicio y para período de prórroga estipulado en el contrato (un año a partir del próximo 1 de mayo) que ambas partes piensan cumplir, aunque falta formalizarlo. Ese trámite no se realizó ayer -ni siquiera estaba incluido en el orden del día de la junta de gobierno- porque la empresa no ha oficializado la solicitud y porque ambas partes mantiene algunas diferencias sobre las condiciones económicas, aunque confían en resolverlas en las próximas semanas.

Desde la Mancomunidade entienden que Recolte ya ha amortizado la inversión en algunos capítulos como vehículos y maquinaria, entre otros, y por lo tanto desde ahora debe descontar parte del dinero que aplica anualmente por esos conceptos, mientras que la adjudicataria argumenta que el mantenimiento es más costoso con el paso de los años y que además ha reforzado el personal de limpieza, particularmente para tener al día los contenedores. A falta de resolver esos flecos, el presidente está facultado para formalizar la prórroga del contrato sin necesidad de convocar a la junta de gobierno, aunque dará cuenta de esa resolución en la próxima reunión, según apunta Pazos.

En ese tiempo también deberá licitarse y resolverse el nuevo contrato del servicio de prerrecogida, recogida, transporte y transferencia de residuos sólidos urbanos (RSU), cuyo pliego de condiciones se pretende elaborar en los próximos meses con el asesoramiento de una consultora especializada y la determinación de potenciar el tratamiento de los residuos orgánicos para elaborar compost. Price Waterhouse Coopers (PwC) presentó la oferta económica más ventajosa para la Mancomunidade -21.598 euros sobre un precio base de licitación de 32.070 euros (38.805 con IVA)-, seguida de Inerproma, aunque los técnicos advirtieron de que podían incurrir en baja temeraria e iniciaron gestiones con las empresas para resolverlo. Aunque se convocó a las firmas y ya hay candidata, su nombre no se oficializó ayer, a la espera de recibir un informe del interventor, aunque Xosé Manuel Pazos afirma que la adjudicación es "cuestión de días" -lo hará él por decreto- y podrá empezar a trabajar de inmediato. Los otros candidatos son Novotec, Idom, Eptisa y Lagares, con ofertas económicas comprendidas entre 22.000 y 30.800 euros, más IVA.

El órgano de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo también busca recursos en otras administraciones para mejorar el servicio que presta. Ayer aprobó la solicitud de subvención a la Diputación para la adaptación del "punto limpo" de A Portela, que permitirá adaptarlo y acondicionarlo para la gestión de residuos de aparatos electrónicos (RAEE). Por contra, quedó pendiente de aprobación otra solicitud de ayuda, a la Consellería de Presidencia de la Xunta, destinada a la "conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial", al entender los representantes comarcales que podría resultar incompatible con otras a las que optan los concellos a título individual. El presidente también comunicó la disposición a elaborar este año un presupuesto, prorrogado desde 2016.