28 de febrero de 2017
28.02.2017
El tripartito aplicará una tasa por ocupación de dominio municipal

Una tasa local avalada por el Tribunal Supremo

28.02.2017 | 05:20
Varios operarios trabajan en la reposición de una línea de suministro eléctrico en la comarca. // S.Álvarez

Fue precisamente un estudio realizado por Gonzalo Abogados para la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) el que sustenta las tarifas aplicadas por varios ayuntamientos y que fueron recurridas por compañías de luz y gas. El Tribunal Supremo (TS) avala dichas ordenanzas municipales, como la de Arteixo (A Coruña) que gravan la utilización del dominio público con instalaciones de transporte de energía con un cálculo que sobrepasa el valor catastral de los terrenos y que incluye su utilidad. Las cinco sentencias dictadas por el Alto Tribunal sientan doctrina y cierran un largo enfrentamiento entre los municipios y las compañías, que se negaban a pagar estas tasas. Unión Fenosa y Gas Galicia son dos de las compañías directamente afectadas.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales fijó en 2004 que las instalaciones eléctricas, de gas, agua e hidrocarburos deben pagar a los municipios a los que suministren por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local y que también están obligadas a pagar por atravesar los municipios aunque no les suministren. La tasa debe aplicarse en función de las características de la instalación, por lo que se precisa un riguroso informe que lo justifique.

El gobierno de Cangas está ultimando las gestiones para encargar a una consultoría la implantación de la ordenanza fiscal que grave a las empresas de suministro de gas y electricidad por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. El trabajo incluye, además de una ordenanza ajustada al municipio, la confección de las tarifas de la tasa, del estudio técnico-económico-jurídico preceptivo para su aplicación, la resolución de alegaciones a la aprobación provisional, la supervisión del modelo de notificación que en su día elabore el Concello antes de remitir los recibos y el asesoramiento en toda la tramitación de la ordenanza fiscal hasta su publicación oficial. Por este trabajo, la Administración local abonaría alrededor de 3.000 euros a la firma del contrato y un 15% de la cantidad correspondiente a la cuota tributaria del primer año, cuando se pasen al cobro las diferentes liquidaciones que pueda haber. En el modelo de decreto que ayer se analizó en Xunta de Goberno Local también se compromete a encargar a un bufete la defensa jurídica del Concello de Cangas por cualquier cuestión derivada de esa ordenanza.

Todos los grupos políticos del gobierno y la oposición están de acuerdo en que las empresas de suministro eléctrico y gas -e incluso agua, aunque hay más dudas sobre su aplicación- que ocupan parte del suelo público para prestar sus servicios paguen una tasa por ocupación, como ya lo hacen compañías de telecomunicaciones o entidades bancarias por colocar cajeros en la vía pública. Así lo pusieron de manifiesto en el Pleno de enero a raíz de una moción del BNG que fue aprobada por unanimidad, aunque casi todos reconocieron que el procedimiento es complejo y se debe hacer con rigor para evitar que lo tumben los tribunales a instancias de las firmas afectadas, como ya intentaron con algunos municipios que la aplican. El primer paso es realizar un estudio que valore los tramos susceptibles de aplicarles una tasa que rondaría entre 500 y 4.000 euros por metro lineal para instalaciones de gas y entre 3.000 y 12.000 euros por metro de tendido o canalización eléctrica, que se fija en función de si es de baja, media o alta tensión.

Aunque el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, advirtió en la sesión plenaria que la tramitación aún estaba verde y habría que madurarla en los próximos meses, ayer por la mañana ya llevó a la Xunta de Goberno Local la propuesta de encargarle el trabajo a los servicios técnicos y jurídicos de Iurislocalia Consultores SLP, del grupo Gonzalo Abogados, aunque otras voces del tripartito pidieron aplazar la decisión para mejor estudio. Incluiría el traslado de los datos necesarios para confeccionar el estudio técnico-jurídico-económico para el cálculo pormenorizado de los aprovechamientos de dominio público conforme a la Ley de Haciendas Locales y que comprenderán las tarifas a aplicar. Abalo confía en que la ordenanza pueda concretarse y llevarse a Pleno para su aprobación a corto plazo, aunque prima "que se faga ben, técnica e xuridicamente, para evitar os riscos de que poida ser recurrida".

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