Los vecinos de Aldán que reclaman más de 280 hectáreas de terreno como monte comunal en la parroquia canguesa defendieron, en el arranque del juicio de ayer, su legitimidad para pelear por la titularidad de estas parcelas. Lo hicieron a través del vecino José Bermúdez, que inició el proceso en representación de los vecinos, y cuya legitimidad fue puesta en cuestión en las preguntas de los abogados de las cuatro sociedades mercantiles que tienen títulos de propiedad.

Al segundo intento, tras su suspensión en mayo por la falta de informes periciales, al fin pudo arrancar, en los Juzgados de Pontevedra, el juicio de un procedimiento que se lleva dilatando 11 años. Tuvieron oportunidad de declarar las partes involucradas en la demanda de propiedad comunal de los montes de Aldán. Al menos sí prestó declaración el propio José Bermúdez. También lo hizo la responsable de la residencia de mayores que se levantó sobre una parcela de 9.000 metros cuadrados en parte de los terrenos en litigio.

Los responsables del resto de mercantiles -Promalar, Souto da Ría, Cabo Home do Morrazo y Aires do Morrazo- no se presentaron, delegando en sus representantes. Tampoco se personó el Concello, que renunció a favor de los vecinos, ni los herederos del patrimonio de los condes, declarados en rebeldía procesal, pues no recogen las notificaciones "al pesar varias hipotecas sobre sus bienes", según un representante vecinal. En esta situación, los herederos de los bienes del antiguo Condado pierden su derecho a la defensa, audiencia y contradicción.

Con el apoyo de medio centenar de vecinos de Aldán, desplazados a Pontevedra, Bermúdez respondió a las preguntas de los abogados defensores con el objetivo de dejar claro que la parroquia de Aldán conoce a la perfección cuáles son los montes históricamente considerados como comunales y que entiende "usurpados".

La estrategia de la defensa de los demandados consistió, principalmente, en tratar de retirar la legitimidad de José Bermúdez para representar a los vecinos de la parroquia y en un intento de deslegitimar a la asamblea de vecinos que delegó en él la responsabilidad de iniciar todo el proceso.

Con este objetivo, los abogados pusieron en cuestión aspectos como que en las asambleas vecinales no se levantasen actas ni se registrasen los datos de todos los asistentes para comprobar que efectivamente son residentes en Aldán.

También pusieron en cuestión que los demandantes sepan de forma certera los límites de los terrenos que reclaman como comunales. Asimismo, cuestionaron el conocimiento del demandante sobre el territorio de la parroquia, aunque a preguntas de su propio abogado, José Bermúdez dejó claro que los montes en litigio eran utilizados como comunales para pastoreo y otras actividades durante su infancia "e tamén o empregaron así os meus pais, os meus avós e toda a xente do pobo".

Desde la defensa dejaron constancia que la asamblea vecinal no reclama los terrenos de las parcelas que consideran comunales pero que están ocupadas en la actualidad por inmuebles de otros vecinos.

Por parte de la Residencia Geriatros, la responsable alegó que cuando adquirió a Promalar el terreno para la residencia, en 2004 con una inversión de unos 7 millones de euros, no fue informada en ningún momento de que podría ser objeto de un litigio al reclamarse su titularidad comunal. Añadió que la dotación había pasado por cuatro administraciones sin que nadie apuntase ningún inconveniente y aseguró que no existían en los terrenos marcos u otros elementos que diesen una pista de que los montes no pertenecían al vendedor.

El lunes 14 continúa el juicio con las declaraciones de los testigos. Tres mayores de Aldán acudirán a defender el uso histórico que se le daba a esos montes.