Promalar no deja de dar dolores de cabeza al Concello de Cangas. La promotora inmobiliaria no se conforma con recibir 742.000 euros como anticipo del famoso convenio urbanístico firmado en el año 2004 que iba a permitir la construcción de 4.000 viviendas en Aldán en una superficie de terreno de 492.210 metros cuadrados, entre Menduiña y Lagoelas, una vez que se aprobara el Plan Xeral que se estaba tramitando en ese momento. La ejecución de la sentencia pedía el citado dinero más los intereses legales correspondientes desde el 5 de octubre de 2012. Ahora exigió el pago de 20.716.86 euros a través de pieza separada derivada de la ejecución de sentencia.
Pero el actual gobierno local no está por la labor de hacer frente a más deuda con Promalar, empresa que, por otra parte, se encuentra en proceso concursal. Afirma que el incremento en dos puntos de los intereses dispuesto en el auto procede únicamente si se aprecia falta de diligencia en el cumplimiento y entendiendo que por parte del Concello se actuó con toda la diligencia posible, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y visto que el citado auto es susceptible de recurso. La junta de gobierno del Concello de Cangas acordó presentar recurso contra el citado auto por el que la empresa reclama los 20.719,86 euros. El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de sus miembros.
El Concello de Cangas, cuando tuvo que hacer frente a los 742.000 euros más los intereses, propuso públicamente al juez que permitiera pagar a plazos el débito, ante la situación de insolvencia del Concello. Primero serían 100.000 euros en el mes de febrero de este año y el resto se pagaría mensualmente con aportaciones de 25.000 euros. Pero después Cangas se acogió a un decreto del Ministerio de Hacienda que otorgaba facilidades para hacer frente al pago de deudas judiciales. En su totalidad. Hasta abril de 2016 no se pagó la sentencia, pero por cuestiones ajenas al Concello, ya que el dinero vino tarde del Estado.
