El Gobierno de Cangas logró ayer, en el último Pleno del año, aprobar el presupuesto del Concello para 2016, que asciende a 13.857.330 euros, aunque los grupos que lo conforman (ACE, BNG y Asemblea) se quedaron solos a la hora de respaldarlo porque el PSOE y Cangas Decide optaron por la abstención y el PP no solo votó en contra sino que amenazó con impugnarlos al advertir que infringen la ley porque faltan partidas económicas para hacer frente a gastos comprometidos.

El alcalde presentó un presupuesto elaborado sobre el "esqueleto del de 2015 y "constreñido" por los ajustes a que obliga el Estado, el dinero que se emplea en pagar al personal (más de la mitad del total), la necesidad de destinar 1,2 millones de euros para empezar a amortizar el crédito del plan de pago a proveedores o la creación de un fondo de contingencia, entre otros gastos, mientras que los ingresos previstos, que "non están inflados", experimentarán los incrementos más significativos en recaudación por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y transferencias por participación en tributos estatales.

El concejal de Facenda, Mariano Abalo, recalcó que al Concello tiene "enormes limitacións" para nivelar ingresos y gastos sin dejar de prestar servicios y muy escaso margen de maniobra "para demostrar a capacidade de xestión da esquerda". Destacó la subvención de la Diputación para actividades culturales y deportivas, así como para urbanizar el vial entre O Viso e Igrexario, así como una partida de 90.000 euros para retomar la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que debería servir, entre otros, para dar cobertura legal a los edificios de la calle Noria sobre los que pesan sentencias de demolición para la que no se reserva dinero.

Esa carencia fue recordada por todos los grupos de oposición. Alfredo Iglesias, portavoz del PSOE, también le recordó el compromiso de sufragar con dinero público cualquier incremento en el recibo del agua, que está sin aclarar, y la falta de un documento de acompañamiento que explique a los vecinos en qué se destina el dinero público y cómo se reparte entre los trabajadores municipales. Aún así, entiende que "hay pouco de donde sacar" y optó por abstenerse.

El concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, incidió en que "non son os presupostos que os veciños merecen" y reprochó al Gobierno que no negociara antes con los trabajadores, que no busque una solución menos gravosa para explotar la piscina o que destine 20.000 euros para pagar deudas con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), de las que incluyó al alcalde como beneficiario. "É unha solución negociada para aforrar cartos e para evitar que o leven a vostede a xuízo" por sus cuatro años al frente de las Festas do Cristo, reprobó Pazos.

Pío Millán, portavoz del PP para asuntos económicos, criticó el incremento del gasto corriente en 795.000 euros, "tras varios anos reducíndoo", un reparto sin criterio y para contentar a todos los concejales "deste Reino de Taifas", la reducción del gasto social o el aumento en un 7% "nos gastos dos órganos de Goberno", un punto en el que incidió especialmente porque supone "cruzar a liña vermella" fijada por el tripartito, que se comprometió a no cobrar más que sus antecesores en el cargo.

El edil popular desglosó otros capítulos en los que reclamó mejor gestión de la economía municipal, como la aportación al convenio para mejorar el vial O Viso-Igrexario o la voluntad de eludir la actualización de las ordenanzas para no aplicar una rebaja en los servicios conforme al IPC (- 0,9%) y de no reservar partidas comprometidas para el transporte metropolitano o para pagar la deuda de la Mancomunidade. Motivos suficientes "para a impugnación destes orzamentos", amenazó el PP, sin confirmarla.