La negativa del Gobierno tripartito de Cangas a dotar una partida en los presupuestos de 2016 para el denominado "fondo social" que se repartiría entre la plantilla ha puesto en pie de guerra a algunos trabajadores, que muestran su malestar por la decisión y analizan medidas de presión para hacerle cambiar de opinión. Convocados por el comité de empresa y la junta de personal, los trabajadores se reúnen esta mañana en asamblea, de la que intentan que salga una postura común para trasladar a un ejecutivo que apela a la precariedad de las arcas municipales y su negativa a detraer más dinero a cambio de disminuir los servicios que presta a los ciudadanos.

La demanda de la plantilla sobre la dotación del fondo social para 2016 asciende a 225.000 euros, frente a los 175.000 que recibieron este año gracias al acuerdo al que llegaron con el gobierno presidido por José Enrique Sotelo. Pero el actual regidor, Xosé Manuel Pazos, con el asesoramiento de sus técnicos, entiende que esa cifra es del todo inasumible en la actual coyuntura y recuerda que en los próximos 12 meses habrá que pagar algo más de 1,2 millones de euros en amortizaciones de la deuda con el Estado ligada al plan de pago a proveedores, además de otras obligaciones económicas pendientes.

El único margen de maniobra que tiene el Concello, afirma Pazos, es repartir entre los trabajadores el dinero que se consiga ahorrar en el capítulo de personal por plazas que no se cubran, hasta un máximo de 200.000 euros, una cuantía que los trabajadores tienen claro que no se alcanzaría ni de lejos. La propuesta también se pondrá sobre la mesa en la asamblea de hoy, que desde algunos sectores se "calentó" con rumores de huelga si no se atienden las pretensiones de la parte laboral y que el Gobierno confía en que no se confirmen.