Aunque las negociaciones entre los grupos que forman el tripartito (ACE, BNG y AspUn), y las de estos con los representantes de la empresa concesionaria, continúan, algunas fuentes apuntan a la "alta probabilidade" de que el primero de los recibos atrasados se pase al cobro en el mes de diciembre, cuando la modificación de la ordenanza se convierta en definitiva. Pero también está sobre la mesa que ese recibo no sea del bimestre marzo-abril, que fue devuelto en su día, no del trimestre marzo-abril-mayo, que regiría con las nuevas condiciones, sino un cuatrimestre, hasta junio, con el que se trataría de "equilibrar" las cuentas hasta mediados de año y liquidar el resto en los dos trimestres pendientes de 2015 (julio-agosto-septiembre y octubre-noviembre-diciembre).

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer el anuncio de aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios vinculados al ciclo integral del agua para el ejercicio 2015. El Concello hace oficial, así, el acuerdo plenario del pasado 24 de abril adoptado por amplia mayoría (con los votos a favor de todos los grupos excepto el PSOE, que se abstuvo) para aplicar desde el 1 de enero de 2015 las mismas tarifas que estaban vigentes en 2014, recuperar la emisión de los recibos trimestrales y proceder a la revisión de todos los precios y tarifas en los servicios gestionados por la nueva concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, la unión temporal de empresas (UTE) Aqualia-Civis Global. Aunque el acuerdo no se llevó a efecto -ni siquiera se publicó oficialmente- en el mes y medio que el PP aún estuvo al frente del gobierno municipal y tampoco en los cinco que lleva el tripartito, en este tiempo se han dado pasos en esa dirección y ahora parece llegar el momento de recuperar las tarifas comprometidas.

Lo que se tramita es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal, cuyo expediente se somete a información pública por un plazo de 30 días a contar desde hoy, para que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se presentan alegaciones, se dará por aprobado definitivamente dicho acuerdo, y de lo contrario volvería a pleno para darles respuesta y someterlo de nuevo a votación.

Amplio consenso

La aprobación de esa medida no corre peligro, a tenor de lo manifestado por los diferentes grupos, que coinciden en la necesidad de desbloquear la situación antes de que finalice el año con esta fórmula provisional, y empezar a normalizarla en 2016 con las nuevas tarifas que aún se siguen negociando con la empresa. Los tres grupos que forman el gobierno ya han explicado a los vecinos que su apuesta es esa, y también lo ha hecho el principal grupo de oposición, el PP. "Aplicar ese acuerdo plenario es lo que siempre pedimos y celebramos que se den pasos para ello", manifestó ayer el concejal Pío Millán, que no acaba de entender "por qué antes decían que ese acuerdo es inaplicable y ahora ya sostienen lo contrario", pero, en todo caso, los populares no piensan dar batalla sobre este asunto y confían en que el consenso sirva para agilizarlo.

En aquella sesión plenaria del 24 de abril, el último antes de las elecciones municipales, BNG y ACE presentaron una moción conjunta en la que pedían anular los recibos emitidos, la devolución del dinero cobrado indebidamente y la suspensión del cobro de los servicios incluidos en la concesión hasta proceder a revisar los precios y tarifas. Gobierno y oposición convergieron en tres puntos de acuerdo para sellar una decisión, se comprometieron a hacerlo efectivo de inmediato y a mantenerlo en la siguiente corporación si los ciudadanos le daban representación en las urnas. Un compromiso que ahora se quiere validar.