El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra declaró la existencia de responsabilidad patrimonial de la Xunta de Galicia y condena a la Consellería de Sanidade a abonar 417.269 euros a la joven de Cangas Andrea Molanes, que estuvo 78 días en coma y 217 días hospitalizada tras sufrir el 20 de mayo de 2010, cuando tenía 16 años, un percance en el agua, en la playa de Canabal de este municipio. Los padres de Andrea Molanes habían recurrido la resolución de la Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Xustiza, de fecha de 18 de marzo de 2013, que desestimaba el recurso de reposición.
La magistrada-juez exonera de toda responsabilidad al Concello de Cangas y dice que su actuación fue correcta. "Su única intervención en los hechos es la que se refiere a la actuación de los Servicios de Protección Civil, dependientes del Ayuntamiento de Cangas, los cuales prestaron en todo momento, como resulta de los hechos expuestos, una total colaboración y asistencia, en cuanto les fue comunicada la situación existente".
Asegura que sí procede declarar la existencia de responsabilidad respecto a la Xunta de Galicia, en cuanto a la Consellería de Sanidade como encargada de la prestación de la asistencia sanitaria a los ciudadanos. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El fallo establece que "se considera que efectivamente, de manera no intencional, se produjo un error, un error respecto al lugar, a la playa en la que se encontraba la menor, Andrea, que determinó en definitiva que la llegada de la ambulancia medicalizada, segunda ambulancia, que practicó a la menor desfibrilación cardiaca e intubación orotraqueal, recuperando en ese momento el pulso tras dos minutos, se produjo más tarde de lo debido, precisamente por ese error de la primera ambulancia respecto a la playa en la que se había producido el accidente. En definitiva, esa ambulancia medicalizada, que es la que dispone de desfibrilador para practicar la reanimación avanzada, tardó en llegar a la playa del Canabal, desde las 19,34 horas, momento de la entrada de la llamada del alertante, hasta las 20.30 horas, hora de llegada de esa ambulancia, 56 minutos". La magistrada advierte de una llamada telefónica por parte del personal de la ambulancia RTSTU 061 con base en Cangas, para solicitar información de la playa de los Alemanes, tal y como se refiere en el informe del Servicio Municipal de Emergencias de fecha del 20 de mayo de 2010. Esa llamada fue atendida personalmente por Césareo Coya Portas, jefe del citado servicio. Aquí es cuando se produce el error, pues el hombre que dio la voz de alarma al 061 indicaba que se encontraba en la playa de Canabal, no en la de los Alemanes, "constando que son dos playas distintas con accesos diferentes". La magistrada tiene en cuenta los informes periciales que señalan que los daños son mayores cuanto más tiempo pasa sin respiración. El informe hacía mención a que "la ambulancia tardó mucho en llegar al lugar de los hechos, que la secuelas van empeorando con el tiempo, ya que, en parada cardiorespiratoria la situación empeora cada minuto que pasa, pues la anoxia consiste en que no llega oxígeno al cerebro".
"Siguiendo los hechos, consta que a las 19.45 horas el locutor del 061 llama al señor Molanes (persona que dio la alarma) y le solicita si puede salir alguien al cruce para ayudarles a localizar el lugar porque no lo saben, y que le digan exactamente donde se encuentra la playa. Desde la primera llamada del alertante hasta que llegó la primera ambulancia a la playa de Canabal transcurrieron 16 minutos". También queda contrastado que a las 20.12 horas se recibe en el 112 llamada del 061 informando sobre la incidencia y solicitando la salida del helicóptero medicalizado H-4 para la playa de Canabal, pero a las 20.27 horas se desiste al optar por enviar una ambulancia medicalizada al lugar de los hechos y, finalmente, hacia las 20.30 horas, la ambulancia medicalizada llegó a la playa de Canabal.
