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Tesorería de la Diputación rechaza llevar la ejecutiva del IBI y la gestión catastral

El Concello pidió la revocación del convenio por el que el ORAL gestionaba el impuesto -El informe recuerda que el porcentaje de recaudación es del 88% y que financió las nuevas oficinas

Edificio cuya reforma financió la Diputación para que se instalara el ORAL. // Santos Álvarez

El informe de Tesorería de la Diputación de Pontevedra es demoledor respecto a la decisión adoptada por el Concello de Cangas de revocar la gestión y recaudación directa del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el período voluntariode pago que realizaba el ORAL. La propuesta que realiza consiste en aceptar la revocación del Concello de Cangas, devolviendo a dicho Concello el ejercicio de las funciones delgadas de gestión y recaudación del IBI en procedimiento voluntario, pero también propone la devolución de las competencias para cobrar en vía ejecutiva el IBI, así como también se niega a continuar con la gestión y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos del naturaleza urbana (plusvalías).

Asegura que lo que propone el Concello de Cangas no es una revocación parcial, sino una modificación de la delegación efectuada en su día. Habla también de que la revocación que se plantea no se adecua a los plazos de denuncia que establece la cláusula tercera del convenio ni tampoco se ajusta al procedimiento legalmente establecido. Menciona también que a instancias del propio Concello de Cangas la Diputación de Pontevedra costeó íntegramente las obras de rehabilitación de las futuras oficinas del ORAL. "Si bien no consta que se formalizase algún convenio que contemplase como condición la permanencia de las delegaciones de la gestión tributaria". El informe ofrece otro dato destacable, en el ejercicio de 2014 el porcentaje de recaudación del IBI fue del 88,19%.

Asegura Tesorería en su informe que la supresión por revocación de la gestión del IBI supone asimismo la de la Gestión Catastral que se realiza a través del convenio suscrito por la Dirección General del Catastro. También señala que la carencia de gestión catastral y del IBI en los servicios del ORAL dificulta enormemente el desarrollo normal de la recaudación de impagados (vía ejecutiva).

El diputado provincial del PP y concejal del Concello de Cangas, José Enrique Sotelo, no duda de que este informe refrenda la postura que su partido tuvo en el pleno donde se debatió esta cuestión. Asegura que se trata, como se puede comprobar, de una temeridad que pone en peligro la liquidez municipal y también el pago de las nóminas de los trabajadores, que a partir de ahora tendrán problemas para cobrar sus salario. Hay que recordar que el ORAL otorga a los Concellos adelantos de la recaudación. Mantiene el ex regidor que el Concello de Cangas no tiene ni medios materiales ni humanos para gestionar todo lo que se le viene encima, porque la concejalía de Facenda que dirige Mariano Abalo solo quería que el ORAL se deshiciera del cobro en voluntaria, pero que mantuviera la ejecutiva y la gestión de catastro, algo que se le niega.

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