El Concello concede a Cabomar licencia para ampliar su nave más de 500 metros

Es una de las empresas afectadas por la sentencia del Supremo sobre los rellenos

20.10.2015 | 02:27
Entrada a Cabomar Congelados, en el puerto de Marín. // S.A.

El Concello de Marín concedió a la empresa del puerto Cabomar Congelados S.A. licencia de obras mayores, para la construcción de una estructura para ampliación en más de 500 metros cuadrados de su nave de producción. La autorización se aprobó en una reunión de la xunta de goberno local del pasado mes de septiembre.

Cabomar Congelados es una de las empresas afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo que ordena demoler los rellenos portuarios en este sector y los promotores de la demanda, la Plataforma Defensora dos Praceres, ha solicitado su desmantelamiento al amparo de la anulación del Plan Especial del Puerto.

En la nueva resolución del gobierno local de Marín se concede a Cabomar una licencia de obras para la construcción de una estructura de entresuelo, para la ampliación de superficie en 550,6 metros cuadrados, así como el proyecto de actividad del proceso productivo de esta industria de elaboración de platos preparados y precocinados de pescados y mariscos.

Plazos

Estos proyectos se presupuestan en las cantidades de 86.660,64 y 96.727,07 euros y se fija un plazo de ejecución de seis meses, así como un inicio de las obras dentro del año siguiente a la notificación del otorgamiento.

Esta solicitud de licencia de obras mayores fue presentada en el Rexistro Xeral del Concello el 31 de julio pasado.

Anteriormente, en el pasado mes de febrero, un resolución de la Alcaldía desestimaba el recurso de reposición interpuesto por la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres, y en su nombre por Eladio Torres Castro, contra la licencia municipal otorgada a la empresa Cabomar Congelados S.A.

Se desestimaba el recurso por entender que la licencia de "legalización de la edificación destinada a industria de preparados y precocinados de pescados y mariscos en el Puerto de Marín", otorgada por la xunta de goberno local el pasado 29 de enero, "es conforme a derecho".

Con los informes jurídicos recabados al respecto, la Alcaldía desestimaba la alegación, entendiendo que la nave cumple con el plan especial del puerto y que el sector donde se ubica es de uso permitido conforme a las condiciones normativas de dicho plan.

"Lo contrario supondría dejar que el urbanismo, que es lo que le compete al Concello de Marín, deje de ser una actividad reglada y sometida a caprichos que no sabemos muy bien a qué obedecen y, en consecuencia, creemos que esta empresa está amparada por la normativa actual", explicó entonces la alcaldesa de Marín.

"Creo que el fin de las administraciones, entre otros, es generar empleo, riqueza, trabajo y bienestar para sus vecinos; si además se cumple la normativa supone no solo una obligación sino una actuación que no está sometida a ningún otro criterio sino al jurídico y al técnico, y así se ha actuado", argumentó la alcaldesa de Marín.

Aquella resolución de la Alcaldía desestimaba la pretensión de la Plataforma de Placeres, que instaba al Concello a anular las licencias de legalización y obras otorgadas a Cabomar, por levantarse sobre los rellenos ilegalizados por el Tribunal Supremo. Pedía asimismo el cese de la actividad que se viene desarrollando en la nave.

El Puerto de Marín logró el pasado verano, después de años de varapalos judiciales por los rellenos, una pequeña victoria en los tribunales. El Tribunal Supremo aceptó el recurso de la Abogacía del Estado sobre el ámbito exacto que ocupan esos rellenos ilegales, admitiendo que, a día de hoy, no se sabe qué terrenos resultan afectados por la orden de demolición. Por ello, emplaza al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a que aclare ese extremo.

De este modo, el Puerto de Marín obtenía no solo un primer reconocimiento a sus tesis en los tribunales, aunque parcial, sino que también recibió más tiempo para tratar de encontrar una solución a la sentencia de 2009 del Supremo que ordena derribar buena parte de los terrenos ganados al mar al amparo de un Plan Especial anulado, sobre el que se levanta, entre otras, la empresa Cabomar Congelados.

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