El alcalde abre la puerta a indemnizar por el edificio Pintos y los vecinos recaban apoyos

-Juncal no descarta esa opción, pero insta a los afectados a presentar las reclamaciones -La comunidad de propietarios recoge firmas para intentar frenar el derribo del inmueble

24.09.2015 | 02:37
Un grupo de vecinos afectados con un escrito con firmas y el edificio Pintos al fondo. // G.Núñez

Los vecinos del edificio Pintos, en Loureiro, han empezado con las primeras movilizaciones paralelas a la vía judicial para intentar frenar el desalojo y demolición parcial del inmueble. Ayer mismo comenzaron a repartir una serie de hojas por locales y establecimientos de todo el municipio para recoger firmas de apoyo, una acción que se complementa con una intensa actividad a través de las redes sociales. A lo largo de estos días han recibido numerosas muestras de solidaridad y apoyo y se han puesto en contacto con otros colectivos de afectados, como la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que se fundó en Cantabria.

Precisamente desde la administración local, el Concello de Bueu, mantienen un sentimiento "positivista", como lo definió su alcalde, Félix Juncal. El regidor confía en que los recursos judiciales presentados ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) surtan efecto y sirvan para paralizar el procedimiento. Sería todo un balón de oxígeno hasta la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Esos recursos se refieren a dos pleitos independientes promovidos por la comunidad de propietarios y por las dueñas de uno de los pisos.

Desde el gobierno local reiteran que "en ningún caso imos escapar das nosas responsabilidades", en respuesta a las quejas de los vecinos afectados, que denuncian que no está previsto ningún plan de realojo ni indemnizaciones a unos propietarios que "compraron de buena fe sus casas y sin ningún tipo de carga". Félix Juncal afirma que desde el consistorio "non poñemos en dúbida que os veciños podan ter dereito a ser indemnizados", pero insiste en que el primer paso de la reclamación deben darlo los propios afectados. "Teñen que presentar unha reclamación por vía administrativa ou xudicial reclamando os danos. O Concello fará frente a calquera responsabilidade que lle corresponda", avanza. No obstante, el alcalde se muestra convencido de que el desalojo y la demolición se paralizarán. "Hai tempo e confío nos recursos que están presentados", afirma.

El consistorio no oculta su malestar con las instancias judiciales, que "nos impón executar a demolición parcial e comunicar nos termos que o fixemos o desaloxo aos veciños". En este sentido Félix Juncal lanzó ayer una petición de un cambio en el ordenamiento jurídico. En los ámbitos del penal y del civil son los propios juzgados los que ejecutan las sentencias, algo que no ocurre en el plano contencioso administrativo. "Quen dicta a sentencia que a execute. Neste caso se lle impón ao Concello de maneira subsidiaria que a execute", se lamenta. "No plano ético eu non quero facer nada, pero no xurídico non podo actuar ao marxe da lei", concluye.

Los vecinos sostienen que el ayuntamiento debe asumir su culpa porque en la sentencia del TSXG es el único condenado, aunque en realidad los que pagarán son los residentes: con la pérdida de sus pisos y abonando el coste de la demolición parcial del edificio. "La administración debe indemnizar a los afectados por su mala praxis, como es este caso con el ayuntamiento", reivindican y por eso se han puesto en contacto con otros colectivos de afectados.

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