El gobierno local de Bueu ha empezado a dar pasos para cumplir con los requerimientos judiciales que le obligan a la demolición parcial del edificio Pintos, en Loureiro. El consistorio inició el proceso para licitar la adjudicación de las obras, que están valoradas en unos 105.000 euros, y los vecinos ya han anunciado que piensan recurrir para paralizar el procedimiento. Las dos partes tienen previsto reunirse mañana a mediodía, un encuentro en el que el gobierno local quiere informar a los afectados de la situación.

El inmueble consta de casi una veintena de viviendas y los propietarios anuncian su intención de recurrir. "Entendemos que hay una serie de irregularidades y vamos a intentar agotar todas las fórmulas legales para frenar este derribo", afirman. Alertan de que en realidad la demolición parcial resulta inviable y que finalmente se podría ver afectado todo el edificio.

"Lo peor de todo es que los vecinos no tuvieron constancia de nada de esto hasta el año 2009, cuando recibieron un requerimiento de la parte contraria. Pero antes pasaron más de veinte años sin saber nada de que había una denuncia y una sentencia", critican. El inmueble fue construido a mediados de la década de 1980 y se trata de un edificio de viviendas de protección autonómica, que fue denunciado por un particular porque la alineación invade parte de terreno público.

Desde el gobierno local mostraron su comprensión y "respeto" a la decisión de los vecinos, aunque insisten en que el consistorio está obligado a cumplir la sentencia judicial. "O xulgado está advertindo de que en caso contrario estaríamos incurrindo nun delito de desobediencia", afirman.