Hoy finaliza el plazo para que las empresas soliciten la inclusión de sus facturas pendientes en el segundo plan de pago a proveedores, un trámite del que está muy pendiente la Mancomunidade do Morrazo. Hasta ayer sólo Isolux Corsán presentó su solicitud en el Rexistro, pero los responsables y los técnicos del ente supramunicipal esperan que hoy haga lo mismo otro de los acreedores: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa contratista que se encargó de la construcción de la planta de A Portela.

Este fue uno de los asuntos que se abordó ayer en la junta de gobierno de la Mancomunidad, que se celebró precisamente en las instalaciones de A Portela. El presidente de turno de la Mancomunidade y alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, aseguró que los grupos políticos se mostraron "conscientes" de la importancia de esta medida y anunció que la asamblea para aprobar el plan de ajuste se celebrará el próximo jueves 11 de abril a partir de las 20.00 horas.

Los responsables políticos y técnicos de la Mancomunidade confían en que en ese plan se incluya la deuda con FCC, que aún dispone del día de hoy para acogerse al plan. Las conversaciones mantenidas con la empresa apuntan en ese sentido, con lo que los concellos se garantizarían una importante quita: de la deuda acumulada de 1,5 millones habría que restar los intereses de mora y las tasas judiciales, con lo que la cuantía se quedaría en casi 860.000 euros.

La junta de ayer sirvió también para aprobar definitivamente los porcentajes que tendrá que asumir cada uno de los municipios, algo en lo que no hubo sorpresas y se mantuvo el actual reparto: 43,8% para Cangas, 32,9% para Moaña y un 23,2% para Bueu. Al mismo tiempo se dio cuenta de las sentencias ya conocidas que dan la razón a Sogama en sus reclamaciones de deuda a la Mancomunidade do Morrazo. Esta se quedará fuera de este instrumento aprobado por el Gobierno central y se hará frente a la misma a través de un plan de pagos que se negocia en la actualidad.

El gobierno supramunicipal también dio su visto bueno a la petición de GSC para actualizar el precio del contrato del servicio de recogida de basura , lo que supone un coste anual a mayores de más de 50.000 euros. La concesionaria también solicito la aplicación de esta cláusula para el ejercicio 2012, una petición que aún no fue resuelta.