"A illa é nosa!" Con este grito recibieron ayer los vecinos de Ons a los encargados de ejecutar la sentencia judicial que obligaba al derribo de dos viviendas en la isla. Fue casi el último acto de resistencia antes de que las excavadoras entrasen a derribar los inmuebles, que los afectados ya habían vaciado y empezado a demoler con anterioridad. Finalmente fueron los propios medios de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que contrató a la empresa Tragsa, los que echaron abajo las casas y lo hicieron sin cobrar las temidas costas, que ascendían a casi 50.000 euros.

A primera hora de la mañana, dos agentes de la Guardia Civil le comunicaron a los representantes vecinales la disposición de la agencia a realizar este trabajo después de comprobar que los propios dueños lo estaban haciendo por su cuenta. Sin embargo, éstos acogieron con recelos la oferta y antes de aceptarla exigieron garantías de que no se les pasaría la factura. Finalmente, obtuvieron el compromiso del jefe del Servizo de Inspección Urbanística de Pontevedra y antes del mediodía los operarios ya estaban vallando el entorno de la casa número 17, que fue la primera hacia la que se dirigieron. Sin embargo, los trabajos de demolición definitiva no comenzaron hasta pasadas las tres de la tarde y, tanto en este caso como en el de la casa número 25, se realizaron con gran rapidez y se completaron antes de las seis.

Pero antes de todo eso hubo mucha tensión, aunque no se registraron incidentes y los más de cien vecinos que acudieron a la isla se comportaron siempre de modo pacífico. En primer lugar se concentraron en el lugar en el que estaban las excavadoras para mostrar su rechazo a los derribos. "Teñen que explicarnos por que nós non podemos arranxar a s nosas casas e sen embargo eles [por Parques Nacionales] poden construir o que queiran. Queren facer o que fixeron en Cíes e botarnos da illa, pero non o van conseguir. Se nos botan abaixo as nosas casas nós tamén lle botaremos abaixo as súas casetas", gritaban.

A continuación todo el grupo se dirigió hacia la casa número 17, donde se vivieron los instantes de mayor tensión. "Isto é un abuso. Aquí é onde naceu o meu pai e nós somos isleños de pura cepa", afirmaban los afectados. En este caso, lo que se echó abajo fue una ampliación de unos 60 metros cuadrados y que estaba pegada a la casa matriz, un inmueble centenario. Explicaban entre lágrimas y con un sentimiento "entre rabia e impotencia" que esa obra se realizó para mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda y sobre los restos de un antiguo "cortello". Una cuadra que en realidad en su momento fue la casa primigenia y para lo que aportaron distintas fotografías, que no fueron tenidas en cuenta. "Isto é unha inxustiza en toda regla. E a culpa é do vixiante de Medio Ambiente, que denunciou a obra ata en 23 ocasións", se lamentaban.

Todo este proceso era seguido con expectación e incluso con lágrimas por el resto de vecinos. "Empezan con unha e logo van vir a polas outras. Agora están dicindo que van vir a levantar acta de todas as casas da illa tendo en conta como estaban no ano 1978. O que queren é botarnos de aquí porque máis do 90% das vivendas están na mesma situación que as que están a tirar", decían.

Finalmente, pasadas las once de la mañana los operarios de Tragsa entraron en el lugar para empezar a vallarlo y para que entrase la excavadora. Poco después hicieron lo mismo con una construcción de la casa número 25, mientras que en el caso del bar O Pirata será la propia responsable la que asuma la demolición parcial, tal como se comprometió en el juzgado.

La mujer no cesaba de mostrar su indignación: "É unha obra que fixen no ano 1983 por seguridade e precaución [cerró la terraza] e agora obrigan a que a volva a deixar aberta. E mentras os de Parques ocupan sen o meu permiso as fincas que eu traballaba para poñer bancos e mesas para o turismo. Non hai dereito a isto".

El gran temor de la mayoría de los presentes es que estos derribos sean el inicio de muchos más, afirmando que en la APLU hay más de una veintena de expedientes en vía administrativa y con un futuro incierto. La agencia depende de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y ayer negaron tajantemente este extremo."Na illa de Ons só temos dous expedientes en vía administrativa, non hai ningún máis", señalaron desde el departamento autonómico. En cuanto a las tres órdenes de demolición actuales, insistieron en que "neses casos non temos culpa ningunha; non temos outra opción máis que cumplir a sentencia xudicial e que nos obriga a realizar eses derribos". En este sentido explicaron que las denuncias que iniciaron el proceso judicial, que datan aproximadamente del año 1999, no salieron de la Consellería de Medio Ambiente. "Partiron da Policía Ambiental e do Concello de Bueu e foron denuncias realizadas directamente ante o Ministerio Fiscal", precisaron desde la consellería, razón por la que el asunto se instruyó a traves del Juzgado de lo Penal de Pontevedra.

Por otro lado, entre las muestras de apoyo que recibieron los isleños destacó la de la Plataforma de Afectados de O Hío contra a Inclusión da Costa na Vela no Parque Islas Atlánticas. Su presidente y portavoz, Ezequiel Martínez, se solidarizó con ellos y afirmó que "non son colonos, son veciños".