Los juzgados de Cangas se vieron sumidos ayer en un caos sin precedentes. Ni que fuera parte de la estrategia de los contrarios al puerto deportivo de Massó el colapso judicial, que ayer casi se consigue. Aunque la cuenta fue difícil, el conflicto Massó puso delante de los tres jueces de Cangas a diez personas y se celebraron seis vistas orales: tres en el juzgado número 3; dos, en el número 2 y 1, en el 1, sin contabilizar un juicio que el concejal de Urbanismo Mariano Abalo y la concejala de Personal, Maruchi Álvarez, tenían por presuntas amenazas, un proceso que era ajeno a los hechos que ayer se juzgaban, que fueron los sucedidos el 26 de mayo y el uno de junio por impedir el normal desarrollo de las obras del puerto deportivo.
Subir y bajar escaleras
Los abogados y procuradores acostumbrados a vivir en este tipo de vorágines corrían por las escaleras para ir de sala en sala. Y es que mientras eran juzgados en uno, en otros estaban como testigos o viceversa. Así que había que esperar y dejar paso a otros casos. Total, que eran las 15.00 horas y aún no se había salido de los tribunales
El portavoz del Foro Social (ayer quedó constancia que oficialmente no existe como tal esta organización), Santiago Pérez estuvo presente en 5 juicios, el líder vecinal Antonio Sangabriel, en 4 y el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, en 1, según señala su propio abogado. La petición fue la misma para todos: 20 días de multa a 400 euros por día y una orden de alejamiento de la obra hasta su finalización. En esta ocasión la empresa no pudo solicitar indemnización por no presentarse en forma, al carecer de procurador. La defensa de los líderes de movimientos contra el puerto deportivo esgrime que la acusación solicitó una multa sin tener en cuenta la capacidad económica de los denunciados, ya que no solicitó ningún informe patrimonial. El Ministerio Fiscal sólo acusó en una ocasión, concretamente en un juicio en el que se acusaba a Santiago Pérez, Antonio Sangabriel y cinco jóvenes de Vigo. En este hecho, además de coacciones e injurias se acusaba de desobediencia a la autoridad, al haber estado presente la Guardia Civil. Se anuncian declaraciones para el jueves y nuevos juicios para el día 20 de octubre. Hay vistas fijadas hasta fin de año. El hecho de que no se centralizaran en un solo juzgado toda la causa de Massó supone que el principio de economía procesal quede en entredicho.
La empresa sí solicitó que se centralizaran en un sólo juicio la causa de Massó, pero los jueces de Cangas no lo consideraron oportuno.
