El teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales de Lalín, Nicolás González Casares, fue detenido ayer por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de falsificación de documentos públicos, revelación de secretos y acoso laboral, tal como informaron a Efe fuentes de la investigación. La investigación parte de una denuncia de un trabajador municipal el pasado mes de octubre. El propio edil explicó ayer que lo llamaron hace dos días para que fuera a declarar al cuartel en calidad de investigado, acompañado de un abogado, y que acudió por sus propios medios en torno a las 11:00 horas de ayer.
González Casares apenas pasó "veinte minutos" en dependencias cuartelarias, puesto que se acogió a su derecho a no declarar porque "no sabía de qué se me acusaba", si bien garantiza que colaborará con la justicia si finalmente el asunto llega a los tribunales, lo que pone en duda. El teniente de alcalde de Lalín proclama que es "totalmente inocente", como los otros investigados en la causa, trabajadores municipales. Detalla que la denuncia parte de un auxiliar administrativo del Concello y se muestra seguro de que existe "algún componente político", sin querer señalar a ningún partido. Sobre el delito de falsificación de documentos públicos que le imputa la Guardia Civil, asegura que se trata de un uso supuestamente irregular, que niega, de un certificado digital.
Casares recalca que esta investigación "no afecta" a su desempeño de cargo público y añade que seguirá "trabajando por los ciudadanos" porque no cometió, insiste, "ninguna ilegalidad que pudiera poner en peligro la gestión municipal ni que engañara a los ciudadanos". De hecho, anoche mismo, ante el revuelo causado, decidió colgar una fotografía en su perfil de Facebook para demostrar que estaba en libertad y en pleno desempeño de sus funciones.
Este episodio comenzó a raíz de la supuesta denuncia de un veterano trabajador municipal que, tras pasar por otros departamentos, fue adscrito hace años al de Servizos Sociais. Según trascendió durante las últimas semanas, el empleado que ahora demandará al edil por un presunto moobing, puso en conocimiento de la Guardia Civil que se había estado utilizando su ordenador para realizar trámites administrativos mientras él estaba de baja; es decir, que se habría hecho uso de sus claves digitales por otros trabajadores para realizar gestiones del departamento. Entre los empleados públicos que ya habrían declarado ante la Policía Judicial están varios compañeros del denunciante y al menos otro funcionario que no está adscrito a las competencias de Casares, pero que puntualmente realiza funciones en Servizos Sociais cuando es necesario por falta de personal. La toma de declaraciones se extendió también a la interventora municipal o a un empleado del área de informática y al jefe de personal. También fueron citados representantes sindicales, a los que se les habría interrogado para conocer su versión sobre las quejas de personas de Servicios Sociais en relación al funcionamiento de este servicio.
A raíz de que este caso trascendiese, el Partido Popular anunció hace algo más de un mes que valoraba solicitar la comparecencia de Casares y del alcalde, Rafael Cuiña, demandando "responsabilidades políticas". Primero los populares y después el edil no adscrito denunciaron la gravedad de que la Guardia Civil estuviese realizando una investigación sobre el funcionamiento del departamento dirigido por Casares.
