El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, calcula que desde que el gobierno le retiró su línea telefónica, tuvo que hacer frente a unos gastos de 30 euros al mes, que suman en total 360 euros, si se tiene en cuenta que pronto se cumplirán 12 meses de dicha retirada. Propone que ese dinero se destine a comprar un celular " de iguales características al que me dieron y que no funciona". Si el alcalde, Rafael Cuiña, no acepte la propuesta, Cruz está dispuesto a poner el dinero de su bolsillo para entregar un teléfono nuevo, con un año de garantía. Si tampoco vale esta opción, está dispuesto a destruir el teléfono antiguo e indemnizar el coste actualizado.
