El sindicato Unións Agrarias se hace eco de las quejas de numerosos afiliados por la tramitación de las regularizaciones catastrales de naves, galpones y demás construcciones agrarias, que a partir de ahora tendrán que pagar impuesto. El conocido como catastrazo se implanta de forma progresiva en todos los municipios desde el año 2013. Tras la revisión de estos inmuebles, así como de ampliaciones de viviendas o reformas que no fueron regularizadas en su momento, ahora llegan las notificaciones en las que se les comunica a los dueños que tendrán que pagar 60 euros en concepto de gastos por esta tramitación, y más tarde el recibo correspondiente. Pero es que se dan casos en el que el mismo inmueble se somete a diferentes tasas, según Unións Agrarias, e incluso se asignó un cementerio a un particular o, en otros casos, el establo de un vecino. Con este tipo de confusiones en la tramitación, lo único que se consigue es que los afectados tengan que formular alegaciones cuya resolución puede demorarse hasta un año.
