Cuando la Diputación hizo público el reparto de fondos el año pasado fue objeto de críticas de algunos alcaldes del PP en la provincia, que cuestionaron los criterios. Entonces, de cara a 2017, se anunció un modelo diferente teóricamente más ajustado a unos parámetros en los que se tienen en cuenta un porcentaje fijo del 40% y otro variable del 60 en todos los casos; es decir, en los grupos de municipios de hasta 10.000 habitantes, de 10.001 hasta 20.000 de 20.001 hasta 50.000. Cabe recordar que ni Vigo ni Pontevedra entran en este reparto. La distribución variable atiende a criterios como los porcentajes de población, de superficie, núcleos y densidad. Las proporciones fluctúan entre el 5 y el 60%.
La cantidad total que le corresponda a cada ayuntamiento podrá ser habilitada para inversiones. Dentro de esta Línea 1 se podrá incluir hasta el 62,5% del total. Un máximo del 15% se puede destinar a amortización, pago de deudas y gasto corriente. Y dentro de la Línea 3 (empleo para la conservación y el funcionamiento de bienes y servicios municipales) hasta el 22,50 de los fondos. Las cuantías que no se usen en los dos últimos casos podrán habilitarse en su totalidad para inversión.
