PSdeG-PSOE y Movemento Veciñal Estradense (Móvete) confluyeron durante la última comisión informativa de Facenda en la necesidad de que el Concello de A Estrada establezca bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en favor de instalaciones agrarias del municipio, caso de establos, naves o alpendres.

"Consideramos necesario dejar la puerta abierta para que los cientos de cubiertos tradicionales, establos o galpones puedan contar con bonificaciones en lo referente a su uso o naturaleza como construcción con valor patrimonial", defendió la portavoz socialista, Belén Louzao.

La representante del principal partido de la oposición municipal hizo hincapié en que "prever opciones con antelación a la imposición efectiva de este impuesto, ya legislado, disminuirá los efectos perjudiciales a los estradenses".

En esta misma línea se situó la líder de Móvete, Mar Blanco Casais. Aprovechó la comisión para solicitar la regulación de unas bonificaciones que, apuntó, "pueden llegar al 95% de la cuota íntegra del IBI" para estas instalaciones agrarias. "No se trata de aprobar una bonificación lineal que Catastro pueda tumbar por considerarla ilegal; se trata de estudiar los diferentes casos e acogernos a la diversas bonificaciones que estipula la propia legislación", defendió la edil.

Blanco Casais planteó que el Concello de A Estrada regule estas posibles bonificaciones mediante una ordenanza. Insistió en que en algunos casos podrían llegar al 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal "por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración".

Móvete fue más allá y citó un artículo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, subrayando que en él se recoge "otra bonificación de hasta el 90% para inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanístico, correspondan a asentamientos de la población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero o forestal".

Desde la oposición se recordó ayer que la Dirección General de Catastro dio de plazo hasta finales de 2016 para efectuar un proceso de regularización catastral en el que incorporar al catastro inmobiliario los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como las alteraciones de sus características. El Concello de A Estrada no efectuó esta regularización, siendo incluido en la lista de municipios que tienen pendientes su realización.

El propio alcalde, José López, reconoció hace unos días este hecho, asumiendo que A Estrada no pidió de forma voluntaria esta regularización y señalando que, de momento, el Concello piensa mantener esa postura. "De momento no lo vamos a hacer", dijo el munícipe, que también señaló que cuando llegue el momento el Concello tendrá preparada "una estrategia" para que esta actualización "perjudique lo menos posible", sobre todo en lo que a las construcciones rurales se refiere.

Ajustes por el PXOM

En otro orden de cosas, el PSOE quiso poner el acento también en que el Concello es el titular de la competencia sobre el IBI, "sin embargo el alcalde dejó pasar otro año más sin ajustar la situación de varios vecinos a las sentencias y la legislación aplicable en la materia", dijo la portavoz de este grupo. Belén Louzao apuntó que hace meses que esta formación reclamó "que se realicen los ajustes derivados de las modificaciones en el valor de los bienes que tras la aprobación del PXOM perdieron valor y que continúan pagando como si fuesen bienes de valor superior". Incidió en que también es preciso ajustar los recibos de los propietarios de terrenos en el polígono industrial Cidade do Moble. Para ambos casos la administración local anunció procesos simplificados de regularización para este año.

El PSOE puntualizó también que la delegación en el ORAL de la recaudación del tributo "no elimina la responsabilidad del Concello en la a toma de decisiones respecto del cobro del IBI". "Lamentamos la falta de diligencia del alcalde y su gobierno a este respecto", declaró la portavoz del grupo municipal socialista.