El Concello de Lalín tiene pendiente de resolver una serie de conflictos urbanísticos que se arrastran desde hace años. El crecimiento experimentado en los años del boom del sector del ladrillo provocó que la expansión del núcleo urbano fuese quizá excesiva, teniendo en cuenta lo que ocurrió nada más llegar la crisis y, en consecuencia, el parón de la construcción. Atrás quedaron convenios urbanísticos sin desarrollar, al margen de proyectos inmobiliarios a medio acabar con inmuebles con sus ladrillos a la vista o viales sin acometer. Uno de los problemas está en los terrenos de urbanizaciones sin desarrollar que, en muchos casos, tienen una catalogación urbana, con su tributación correspondiente.
A comienzos de este año el gobierno local anunció que reclamaría ante la Dirección General de Catastro rebajas fiscales para estos terrenos. Un ejemplo sería la cuarta fase del parque empresarial Lalín 2000 o las fincas de la Avenida Cuiña, planteando así al ministerio que sus dueños pagasen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico y no urbano. Casi medio año después de aquella negociación, Catastro sí modificó los valores de estas propiedades, pero la catalogación de los terrenos continúa siendo urbana y no rústica. Numerosos propietarios de estas superficies de urbanizaciones sin desarrollar reclaman que este departamento ministerial ajuste la tipología del suelo a la realidad. Porque al margen de una mayor carga fiscal sobre sus fincas, al estar los proyectos urbanísticos bloqueados, tampoco pueden disponer de sus bienes.
El valor catastral en fincas afectadas por la anunciada y parada extensión del complejo empresarial sí se ha reducido en casos hasta el 70%. Pero los recibos que están llegando a los propietarios indican que sus fincas permanecen a efectos legales como bienes de naturaleza urbana. Pero volviendo al valor catastral de estos predios, algunos que el año pasado estaban tasados en 20.500 euros, su valor para este ejercicio ha sido recortado hasta los 6.100. Esta bajada de un 70% sobre los valores también se extiende a fincas del mismo área. Terrenos con un valor catastral de 8.200 euros están ahora en 2.400 y otros de, por ejemplo, 9.500, pasaron en la actualidad hasta los 2.800.
En la relación de bienes que el departamento de Urbanismo, que dirige Nicolás González Casares, remitió a Catastro para que tuviese en cuenta rebajas fiscales y cambios de catalogación del suelo están los del SUE- 2 - situados en el Paseo do Pontiñas por detrás de la rúa Ponte- el planeamiento no está aprobado y por tanto sí se podría lograr que los terrenos, que ocupan 29.700 m2, perdiesen su condición de urbanos y tributasen como rústicos. Dos situaciones particulares se dan en el SUE-3 (plan que abarca fincas situadas en el margen derecho de la Avenida Cuiña hacia la Avenida de Madrid y de casi 80.000 m2 ) y las afectadas por la cuarta fase del polígono. Entonces se pidió que Catastro podría aplicar a estos bienes un procedimiento simplificado para que las fincas tributasen menos, aunque ya se había advertido de que no pasarían a ser rústicas.
En las propiedades del planeado nuevo polígono de Catasós, sus 61,22 hectáreas están dentro del plan sin proyecto de urbanización aprobado. Otro de los proyectos pendientes de desarrollo es el conocido como plan Canteiras do Areal, de 66.280 m2. Cerca de esta zona se encuentra el SUE- 4 o Plan da Viuda, que sí completó todos sus trámites. Aquí no se establecerían cambios al estar su ámbito totalmente urbanizado.
