El Concello de Silleda pasará el embargo de los bienes y derechos de la empresa Explotación Minera de Campomarzo SL en cuanto tenga lugar el nombramiento efectivo del secretario municipal por no haber depositado un aval bancario de 526.000 euros. Dicha cuantía se la exige el juzgado a requerimiento municipal para garantizar la deuda que la compañía ha contraído con la administración local por el impago de tasas del vertedero de residuos inertes entre los años 2007 y 2011. En cuanto al puesto de secretario, está cubierto de forma accidental en tanto no se resuelva el conflicto abierto al denegar la Xunta de Galicia el nombramiento de Manuel Quintáns -funcionario que ocupaba el cargo y cuya plaza titular está en Aroche (Huelva)- por haberlo solicitado fuera de plazo.

Explotación Minera de Campomarzo presentó en 2015 un recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Pontevedra solicitando la anulación de la reclamación del pago de la deuda municipal. La justicia desestimó el recurso de reposición interpuesto por Ángel Fernández Presas en representación de la compañía minera, adjudicataria del servicio público de la explotación del vertedero para escombro de construcción y demolición en terrenos municipales. La resolución rechazaba los argumentos de prescripción alegados, con el mantenimiento de las cantidades y conceptos del acuerdo plenario del 24 de septiembre de 2015, sin perjuicio de la aplicación del recargo de apremio e interés de demora que procediese legalmente por los años comprendidos en el período 2008-2011.

El montante total reclamado por el Concello asciende a 526.759,81 euros, de los que más de la mitad (297.955,63) corresponde a estos últimos años, con cifras comprendidas entre los 58.272,62 euros de 2010 y los 92.876,37 del año anterior, mientras que los montantes de 2008 y 2011 son de 77.805 y 69.001,64 euros, respectivamente. Los restantes 228.804,18 euros se refieren a impagos del período anterior, de los que 152.316,85 con por las tasas no cobradas, 46.023,96 euros por intereses de demora y 30.463,37 euros por recargo de apremio del 20%. El total de 2007 se sitúa en 181.071,54 euros, el del ejercicio precedente queda en 41.524,73 euros, mientras que el de 2005 suma 6.207,9 euros.

En el marco del contencioso interpuesto por Campomarzo, el juzgado exigió la presentación de un aval por el importe de la deuda, que no había sido presentado a día de ayer, según informaron desde el Concello de Silleda. El último requerimiento fue efectuado el 19 de mayo, con advertencia expresa al tribunal. Pero la garantía sigue sin presentarse, por lo que el gobierno local ha acordado proceder al embargo de bienes y derechos de la empresa en cuanto esté en condiciones legales de poder hacerlo.