La organización Unións Agrarias celebró ayer un comité comarcal para abordar cuestiones que desde hace unas semanas afectan a la ya de por sí debilitada economía del sector agroganadero. Tras varios ataques atribuidos al lobo en Vila de Cruces y un presunto avistamiento de una manada, a principios de mes saltó la polémica entre ganaderos y conservacionistas de esta especie de fauna. El sindicato acaba de poner en marcha una campaña de recogida de firmas, en las sedes de la organización así como en las cooperativas. Se piden tres cuestiones: que se paguen los daños de los lobos en el ganado a precio real -actualmente cubre apenas un tercio de lo que realmente vale el animal- y que se cubra el lucro cesante; que se alimentes las manadas "porque están muertas de hambre", recalca el secretario comarcal, Román Santalla; y que se revise el censo de poblaciones "haciendo batidas, si son necesarias, para controlar su proliferación".

Santalla se niega a entrar en discusiones sobre si las manadas que se ven son perros o lobos. "Que los medioambientalistas no nos tomen por estúpidos. Los únicos ecologistas somos los ganaderos, que convivimos con el animal. El resto son ecologistas de moqueta", asevera. El sindicato tiene constancia de que hay grupos de lobos asentados en la falda de la Serra do Candán, entre A Estrada y Forcarei, en el Monte Carrio, en Vila de Cruces y en la Serra do Faro, "donde hubo que dejar de practicar la ganadería extensiva por culpa de esta fauna". Unións quiere extender la campaña de recogida de firmas a otras comarcas y no descarta reuniones con representantes de la Consellería de Medio Ambiente así como elevar la cuestión al Parlamento. Tras el comité, miembros del sindicato se reunieron con afectados por daños del lobo en A Goleta.

Otra de las cuestiones que centró el comité de ayer fue el llamado catastrazo, la imposición del IBI a granjas, galpones y gallineros. El sindicato ya logró un compromiso con los concellos de Lalín y Silleda, que declararán "industrias estratégicas" a las explotaciones para poder aplicarles una bonificación del 95%. Santalla explica que ahora se intentará contactar con el presidente de la Mancomunidade Terras de Deza, el alcalde rodeirense Luis López, "para ver si lidera una postura similar" para que se sumen los demás municipios. "Les pedimos a los alcaldes que coordinen una política de impuestos lo más armonizada posible" e insiste en que hay granjas que se someterán a este impuesto a pesar de que se construyeron hace más de 20 años, están inactivas y en peligro de derrumbe.

Por otra parte, el sindicato organizará en el salón de actos de la antigua aula de la UNED una jornada ecológica, el próximo 1 de abril.