El gobierno de Lalín gozó ayer de la mayoría absoluta para sacar adelante todas sus iniciativas en un pleno en el que se estrenó Francisco Vilariño como nuevo portavoz del BNG y en el que, a tenor de su comportamiento, se escenificó lo que parece próximo desembarco de la formación frentista en el ejecutivo presidido por Rafael Cuiña. Así se lo reprocharon a Vilariño desde la bancada popular en varias ocasiones, pensando ya en lo que será una travesía como único partido de la oposición. El PP sí respaldó la exigencia a la Xunta de construcción del Centro de Alta Resolución (CAR), iniciativa que del gobierno que salió adelante por unanimidad.
El ejecutivo, a través del teniente de alcalde, Nicolás González Casares, solicitó la colaboración de los 21 ediles para que la Xunta cumpliese el convenio para la puesta en marcha del complejo sanitario en terrenos de Alto de Vales -que costaron según Casares por 350.000 euros-. Hizo una cronología sobre un proyecto que partió con un estudio del gobierno de José Crespo para un hospital comarcal y concluyó con un compromiso de la Xunta de activarlo que, no se vio reflejado en los sucesivos presupuestos de la administración autonómica. "Prueba de que el PP no tiene clara su política sanitaria son los cambios de conselleiros que hubo en estos años", enfatizó Casares. El voto favorable de los populares llevó una sugerencia de Crespo al alcalde. "Hágame caso, si quiere el CAR, intente negociarlo", dijo.
Otro tema que centró parte de las cinco horas de sesión fue la nueva ordenanza de medio ambiente, una normativa que el PP aseguró tendrá muchos problemas para que se cumpla por ser demasiado ambiciosa. Los populares justificaron su voto contrario alegando que había "cinco cosas" que no le parecían razonables. La concejala de Medio Ambiente, Celia Alonso, habló de "valentía política" de este ejecutivo por presentar unas normas que penalizan con contundencia los atentados contra el territorio, pero también, dijo, se pretende actuar con pedagogía ante la sociedad en lo que tiene que ver con las normas de convivencia. La ordenanza prevé sanciones de hasta 750 euros para los casos leves y de un máximo de 3.000 para los considerados muy graves. No le falta razón al PP cuando asegura que la normativa es ambiciosa, pero el ejecutivo se apresuró a replicar que podrá ser readaptada. En todo caso de lo que se trata es de promover la conciencia cívica con sanciones para que "Lalín sea uno de los concellos de Galicia conocidos también por el respeto al medio natural", declaró el alcalde.
Más de un rifirrafe hubo entre el alcalde y su antecesor sobre la mejora precisa para la Rolda Leste. Crespo avisó que no toleraría acusaciones de haber mentido sobre la existencia de un convenio entre Concello, Diputación, Xunta y Fomento. Dijo que tenía el compromiso verbal -el documento no llegó a rubricarse- de Diputación y Xunta para dotar de fondos a este proyecto. "La conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez me dijo en una reunión que lo mirarían para incluir en los presupuestos de 2016, en los que no aparece nada y la ministra de Fomento, Ana Pastor, me explicó que su servicio de Intervención prohibe aportar fondos para vías que no sean del ministerio. No hay nada más que decir", declaró Cuiña. Mientras, Crespo insistió en que el acuerdo verbal lo pilló en pleno cambio de gobierno y pidió al regidor que no se dejase engañar por la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, en sus compromisos para financiar una obra que Cuiña asegura se podrá acometer con un nuevo proyecto con 300.000 euros, según un informe técnico municipal. "La Diputación no nos da nada que no nos perteneciese, porque 200.000 euros ya estaban previstos para esta obra y otros 100.000 corresponden al Lalín Park", replicó el popular. "Yo conseguiría esa financiación, estoy seguro", insistió Crespo. El alcalde llevó de nuevo el debate a su terreno y sin acusar directamente a su predecesor de haber falseado la realidad, reiteró lo que le trasladaron representantes de las instituciones a las que acudió para interesarse por el citado convenio. "La presidenta de la Diputación me aseguró que los fondos de libre disposición habían sido esquilmados durante el período de transición para favorecer a los ayuntamientos del PP, Ana Pastor dijo que era imposible y la Xunta no aportó nada en los presupuestos. No insista, pero este problema ahora nosotros lo vamos a solucionar ya".
El primer edil explicó que si bien inicialmente se iba a actuar en el tramo de la Rolda Leste próximo al colegio Manuel Rivero, un técnico municipal certificó que con 300.000 euros se podría acometer una reforma integral. El mismo trabajador elaborara otro documento en el que el montante de la intervención en esta carretera se cifraba en 800.000 euros.
