La Asociación Galega de Ambulantes Autónomos (AGAA) acaba de solicitar a la Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza un informe detallado en el que figure la relación de puestos que cuentan con autorización para acudir a las ferias. Una petición que, en esta primera fase, hacen extensible a un total de 50 concellos entre los que figuran varios municipios de las comarcas. En concreto, la asociación ha solicitado este informe a la Policía Local de Lalín, Silleda y A Estrada.
El colectivo busca de esta forma conocer si la totalidad de los puestos ambulantes que acuden a las distintas ferias que se celebran cada mes en estos municipios disponen de los permisos necesarios. Exigen un recuento de los vendedores que comercializan habitualmente en estos mercados. Además, requieren un informe en el que se detalle cuantos de ellos exhiben públicamente, durante todo el tiempo de la venta, la autorización municipal, de carácter obligatorio. Matizan que este tipo de permiso es necesario para cualquier actividad económica que se lleve a cabo en la vía pública.
La asociación ha planteado esta petición el pasado 14 de septiembre ante la sospecha de que se producen prácticas de venta irregular en la mayoría de los mercados gallegos. Alegan que este intrusismo ajeno al cumplimento de las normativas de venta ambulante produce notables pérdidas a los comerciantes ambulantes autorizados y que cumplen con las normas.
La iniciativa de solicitar estos informes a diferentes municipios está motivada tras comprobar que sus sospechas eran acertadas en el mercadillo de Salceda de Caselas. En este caso, el informe se realizó a petición de un comerciante ambulante y sus conclusiones arrojaron que de los 62 puestos que operan habitualmente en este mercado solo 12 tenían expuesta la tarjeta que autoriza a la venta ambulante en el concello.
Desde la asociación reprochan, además, la "afonía" de la Federación Galega de Comercio ante lo que consideran "un tema tan sangrante" que llega además, en momentos de estrecheces económicas. Pero sus críticas ante esta situación van más allá y justifican que solicitan informes policiales ante la desconfianza de los elaborados por los gobiernos. Señalan que, en muchos casos, este tipo de controles son permitidos por los ejecutivos que consienten esta prácticas. Alegan que la falta de control de estos mercados "no solo provoca pérdidas a los comerciantes ambulantes autorizados sino que también ocasionan un perjuicio económico para los comerciantes establecidos en el municipio" tal y como apunta el presidente de AGAA, Francisco Romero Alvite.
