Casi dos semanas después de que saltasen a la luz las acusaciones al Partido Popular de Lalín de uso partidista de recursos municipales, el grupo denuncia ahora que el gobierno le denegase el acceso a la documentación en la que se asentaba esta denuncia. Desde el Concello se amparan en la investigación en curso para retrasar la entrega de la documentación hasta que ésta concluya.
El pasado día 26 el gobierno desvelada la existencia de diverso material en el Concello que confirmaba que el anterior gobierno de Crespo había usado presuntamente durante años los recursos públicos del municipio al servicio del partido. Unas revelaciones que salpicarían no solo al grupo popular de la capital dezana sino también a los representantes de Silleda y Agolada.
El lunes siguiente, día 27 y primera jornada laboral tras la denuncia, el Partido Popular presentó una petición en el Rexistro Xeral para acceder "a todos los documentos existentes en poder de la Alcaldía, encontrados en los archivos y dependencias municipales y en los que se apoyó para la realización de acusaciones de uso partidista de recursos municipales". La respuesta se produjo el día 31 y en ella se les negaba temporalmente el acceso a dicha documentación. Tal y como recoge el secretario del Concello, esta petición fue rechazada al considerar que la consulta de la documentación podría obstruir la investigación en curso. Desde el Concello justifican que en estos momentos se está llevando a cabo labores de recopilación e investigación de los archivos encontrados para su posterior clasificación por lo que "no resulta posible" cumplir la solicitud.
Una respuesta que no convenció al grupo popular. Su portavoz, José Crespo, reprocha una "falta total de coherencia" al gobierno al hacer públicas estas acusaciones y no proporcionarla ahora al grupo "para que podamos defendernos". Crespo matiza, además, que "podemos aceptar que estén realizando la investigación pero si es así no entendemos que nos acusen ante los medios antes de finalizarla". El popular calificó de "poco seria" la manera de proceder del actual gobierno. Denunció la "indefensión total del acusado" impropia de un gobierno en democracia. Afeó al gobierno que "presume de transparencia pero es precisamente de lo que carece".
Desde el Concello también informaron al grupo que a pesar de rechazar la petición actual de consulta de los archivos le facilitarán esta documentación una vez concluidas las labores de investigación. E incluso fijaron un plazo máximo de dos meses para su entrega. En su momento, también se apuntó desde el gobierno que estas irregularidades detectadas en la organización de las campañas electorales del partido popular podían incluso ocultar una forma fraudulenta de financiación. De ahí que se iniciase una investigación en profundidad de los documentos hallados.
En este sentido, Crespo defiende que "estoy convencido de que no hay ningún tipo de anomalía y que podemos explicar todo lo que aparezca de Lalín, de Silleda o de Agolada, pero para eso tenemos que tener acceso a los archivos". Insistió, una vez más y como ya había hecho al conocerse las incriminaciones, "que los cargos de confianza encargados de estas labores pueden hacer lo que quieran en su tiempo libre". Alegó que estos documentos eran necesarios para organizar la gestión del Concello. "Está claro que Ramiro Varela en Agolada no necesita que nosotros le hagamos desde Lalín la campaña" espetó Crespo. Aunque matizó que desde Pontevedra colaboraron en la gestión de la campaña de Pin para Silleda en su momento.
Defendió, asimismo, que desde su grupo apostarán por realizar una oposición diferente a la "que hizo durante años el PSOE, asentada en el no sistemático". Recuerda el respaldo del grupo ya en distintos temas al gobierno como la aprobación de los sueldos "en los que podíamos haber hecho demagogia política." Por eso reclama que "si nosotros jugamos con las cartas boca arriba no marquen ustedes las cartas" comparó Crespo.
Desde el grupo popular también hicieron hincapié en que el gobierno podría haber incurrido en un delito contra la ley de protección de datos en la manera de hacer pública esta información. Por este motivo el PP aguarda a disponer de todos los archivos precisos para revisar también este tema. "Si descubren algún correo o documento que sea delictivo estoy conforme con que lo aireen y denuncien pero no si se trata de datos personales" justificó Crespo.
