El caso del parking Europa es un guión sin desenlace en el que el Concello de Lalín no es capaz de liberarse de una situación tortuosa que dura ya años. Cuando la justicia le había dado la razón por las obras de demolición y la reapertura del estacionamiento se veía cada vez más cerca, la concesionaria reclama la resolución del contrato por 40 años y la compensación por el lucro cesante de un recinto cerrado por orden judicial en octubre de 2009.
Ahora, con el informe jurídico elaborado por el secretario general, el gobierno conmina a Portas y Acuña a poner en marcha el parking subterráneo el 25 de abril. Así lo anunció ayer en pleno el alcalde, José Crespo, una vez que el ejecutivo entiende que, rematado el pleito con la familia Carral, la reclamación de la concesionaria no tiene lugar, una vez que la supresión de plazas por las tareas de demolición no es un argumento suficiente. Pero al mismo tiempo que ordena a Portas la reapertura del recinto ya admite que el proceso podría estar abocado a un nuevo proceso judicial cuyo final se desconoce. Es decir, el Concello exige a la empresa que reabra el estacionamiento y, en caso contrario, será la administración pública la que lo haga. La oposición cargó duramente contra el grupo de gobierno por este asunto judicializado en exceso y lo acusó de actuar con "prepotencia" con la concesionaria. El portavoz del PSOE, Manuel González Aller, apuntó que su grupo ya avisó en 2003 de que el proyecto no se ajustaba a la legalidad, obteniendo por respuesta "que todo estaba bien". "Ustedes se basan en un informe que dice que se suprimieron 61 plazas, pero realmente son 96, una vez que el parking tenía previstas 472 y ya se puso en marcha con 35 menos". El portavoz del grupo de gobierno, Román Rodríguez, se apoyó en el informe técnico que concluye que Portas nunca reclamó la pérdida de los puestos de aparcamiento iniciales. "Por muchas vueltas que le den, el problema del parking son solo 60 centímetros de más en el bloque o cubo del edificio". En medio del debate se coló el alcalde para sentenciar que la solicitud de resolución del contrato se debe a que Portas y Acuña sabe que actualmente el aparcamiento no es viable desde el punto de vista económico. "La verdad es que el tema del parking está enmeigado, porque mira que se suceden los problemas", exclamó, antes de precisar que la empresa no pide ahora una indemnización por el lucro cesante solamente, sino que quiere que se rompa la concesión.
El alcalde negó que se actuase con prepotencia y recordó que un peritaje judicial fue el que estableció que el proyecto, que contaba con licencia municipal, se levantó con un exceso de volumen sobre la rasante de 60 centímetros. ""Que dimitan las meigas entonces", proclamó el edil Cristóbal Fernández Vázquez, cuyo partido reclamó el cese de Crespo y Rodríguez por su gestión en el caso del aparcamiento. "A toro pasado, torea cualquiera. La culpa fue del cha, cha, cha", dijo el munícipe para recordar que los informes municipales eran contundentes sobre la legalidad de un edificio, que a raíz de la denuncia de la familia Carral, hubo que demoler en parte. "¿Cómo a acabar esto?, nadie lo sabe. Puede que Portas presente un pleito, pero nosotros tenemos que defender los intereses de los lalinenses y respetamos que la empresa lo haga con los suyos".
El portavoz del BNG, Xesús Cordeiro, necesitó menos tiempo para dar su versión sobre los acontecimientos. El nacionalista dijo que el Concello debió haber suspendido las obras en 2003 al detectarse las primeros problemas en el proyecto, pero no solo no lo hizo, sino que se enrocó en una postura que acabó con una denuncia de afectados y ahora con la concesionaria reclamando la ruptura del contrato. "Ahora, el nuevo litigio nos costará unos 400.000 euros, además de todo lo que se pagó", declaró. Ahora habrá que esperar si Portas accede al requerimiento municipal y abre el parking en un mes o, como se prevé, se niegue.
Al término del pleno se celebró una reunión de portavoces para analizar la demanda de Portas y Acuña contra un técnico municipal por el informe de legalización de los terrenos de la cristalera La Veneciana, asentada en una parcela de Filgueira propiedad de la concesionaria del polémico aparcamiento. En el encuentros se acordó trasladar de forma cautelar al funcionario que se abstenga de informar el actual plan, así como otros expedientes administrativos sobre los que pudiese existir "colisión de intereses". Además se abren diligencias informativas para conocer los vínculos y la situación jurídica y económica del trabajador público con las empresas vinculadas a su mujer y a las que Portas le encargó trabajos para el plan de La Veneciana. Una vez finalizadas las diligencias, la junta de portavoces propondrá la adopción de medidas que se estimen oportunas y, de manera cautelar, el informe técnico del área de reparto de La Veneciana será supervisado por el asesor urbanístico municipal, Javier Bugallo.
Pero los socialistas van más allá en este caso denunciado por Portas que pone en entredicho la compatibilidad de que la empresa familiar de un funcionario sea juez y parte. Así, el PSOE avanzó ayer que solicitará tener acceso a cualquier expediente de contratación existente en el Concello en favor de las empresas: Asistencia Técnica de Proyectos Lalín SL, Ingeniería Geotecnia y Calidad y Galaicontrol, así como los pagos realizados a estas firmas. Y reitera su interés por esclarecer al informe de compatibilidad de este funcionario para desarrollar su actividad privada.
El trabajador se defendió de las acusaciones de Portas alegando que su única tarea profesional es la que desempeña como funcionario público.
