El BOE del pasado 28 de marzo deroga la validez del certificado veterinario, que hasta la fecha era un documento obligatorio que debía acompañar a todos los animales destinados a consumo humano. El decreto por el que se extingue dicho certificado entró en vigor el día 29, y ya ha levantado críticas entre los sindicatos por los requisitos que establece como sustitutos del documento veterinario. Así, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), se ha remitido una circular a los delegados regionales en la que se muestra la disconformidad con que, a partir del 1 de enero de 2010, los ganaderos deban remitir al matadero la documentación sobre cadena alimentaria 24 horas antes de la entrada del animal para su sacrificio.
Esta información incluye en una declaración firmada por el propio productor datos sobre las enfermedades que se produjeron en la explotación, resultados de los análisis en los animales afectados o informes sobre los resultados de programas de vigilancia en dicha explotación. Además, el ganadero deberá indicar si en las últimas 48 horas un veterinario realizó una inspección general en la granja o si se produjo alguna alteración sanitaria en los demás animales de la granja durante ese periodo.
El decreto, según indica UPA, establece excepciones en el plazo de entrega de documentación, de modo que la información sobre cadena alimentaria puede acompañar a los animales hasta el matadero en el caso de que éstos sean sacrificados con urgencia o si se trata de animales porcinos, aves de corral o caza de cría que fuesen sometidos a una inspección ante mortem en la explotación. En este caso, el veterinario ha de firmar un certificado indicando que no ha encontrado alteraciones en los animales.
Por otra parte, el documento establece que los requisitos de la información sobre la cadena alimentaria no serán exigibles para conejos y liebres hasta el próximo 30 de diciembre.
Requisitos mínimos
El sindicato UPA reseña que la supresión del certificado veterinario es una de sus reivindicaciones históricas, a la vez que recuerda que “llevamos años luchando para que los requisitos exigidos sean los mínimos para los ganaderos”. El certificado veterinario fue impuesto en 2001 como una medida de control de la carne para consumo humano tras la crisis del mal de las vacas locas. Tras ser derogado por el gobierno estatal en 2007, la Audiencia Nacional recuperó su vigencia a mediados del año pasado petición del Consejo General de Colegios Veterinarios.
