La Consellería de Mar se plantea poner en marcha una serie de intercambios con otros países de la Unión Europea que sirvan para incrementar las cuotas inicialmente asignadas a la flota gallega del cerco en las zonas del Cantábrico Noroeste y de Fisterra.
Esa fue una de las respuestas que dio la directora xeral de Pesca e Acuicultura, Mercedes Rodríguez, a una pregunta realizada por la diputada nacionalista cambadesa Montserrat Prado, sobre las medidas para evitar la grave situación que atraviesa el sector.
La directora xeral respondió que el ejecutivo autonómico solicitó al Gobierno central "el trasvase de las cantidades de cuota sobrantes del año anterior y el stock de diferentes zonas" con el objetivo de mejorar la situación de la flota del cerco.
En este sentido, también avanzó durante su intervención, la puesta en marcha de intercambios con otros países miembros para incrementar las cuotas inicialmente asignadas al jurel y a la caballa en la zona del Cantábrico-Noroeste y Fisterra.
También anunció que las medidas tomadas en 2017 tendrán continuidad en este ejercicio, porque el reparto de Bruselas de los porcentajes son inamovibles. La responsable de Pesca coincidió con la nacionalista en que lo que realmente produce la incertidumbre en la que esta sumida la flota del cerco es el Total Admisible de Capturas (TAC), que se decide cada año.
Sin embargo, la respuesta no convenció a la nacionalista. Para Prado, las consecuencias negativas de la situación de la flota del cerco se derivan de la "despreocupación de la Xunta por el sector" y aseguró que, a estas alturas, la Consellería do Mar "no puede escudarse en una evaluación de dependencia socioeconómica para implementar medidas que se vienen aplicando desde hace mucho tiempo en lugares como Andalucía o Portugal".
Prado califica de "decepcionante un gobierno que mantiene la inseguridad del sector, sobre todo cuando es consciente del reparto desigual de las cuotas de pesca por parte del Estado español".
En este sentido, la diputada explicó que, mientras el País Vasco negocia mejoras para su flota, "desde aquí, el gobierno gallego mantiene una postura indolente que finalizará como siempre, replegándose a los dictados que ordene Madrid".
La diputada preguntó qué es lo que va a hacer la Xunta para defender los intereses gallegos del sector, que en estos momentos, cuenta con un total de 154 embarcaciones y del que viven, de manera directa, más de 1.500 personas.
Para los nacionalistas, la solución tiene que pasar primero por el reconocimiento, por parte de la Xunta, de que existe un grave problema y "no seguir ocultando esta evidencia".
En segundo lugar, entienden que se deberían de implementar las medidas necesarias pero, tras la respuesta de la Xunta, la nacionalista replicó que "seguimos con más de lo mismo y no quieren reconocer que hay un sector que malvive en estos momentos".
Instó a la Xunta a "no meter la cabeza debajo del ala" y a afrontar la realidad, porque "la flota del cerco no puede estar, año tras año, sometida a sobresaltos e incertidumbres".
