El PSOE de Meaño y un sindicato han presentado formalmente alegaciones contra la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2018, a los cuales la corporación dio su visto bueno en la sesión plenaria extraordinaria del pasado 28 de diciembre.

Unas alegaciones cuyo plazo de presentación finalizaba la pasada semana. La formación socialista lamenta el retraso de su acceso a los datos oficiales del Concello de Meaño. Según explica la agrupación que lidera Icía García, "el grupo socialista, desde la aprobación inicial del presupuesto, presentó por registro en varias ocasiones escritos solicitando copias de las últimas tres nóminas de dos empleadas y los certificados fiscales de 2016 del personal fijo para poder determinar si se cometió un error en la redacción de los presupuestos".

Sin embargo, transcurrido este tiempo, y según apunta el PSOE meañés, "no hemos tenido respuesta alguna por parte del Concello". "Entendemos -agrega en la misiva que refrendan los dos ediles, Icía García y Manuel Radio- que el no facilitar estos datos responde a una actuación premeditada y con alevosía para obstaculizar nuestra labor de oposición".

En el pasado pleno Icía García hizo hincapié en dos presuntas irregularidades de los presupuestos. De una parte que, según denunciaba la socialista, "existen trabajadores a los que se les incrementa su carga horaria de 6 a 8 horas laborales por el mismo trabajo y, en cambio, pasan a cobrar menos, lo cual también es imposible".

Y de la otra que, "comparando la retribución de varios trabajadores municipales, según el presupuesto algunos operarios van a ganar menos en 2018 que en 2016, por cuanto los presupuestos contemplan cifras inferiores a las que figuran en sus certificados fiscales de 2016, y eso teniendo en cuenta que la retribución ha crecido un 1,5 por ciento, lo cual es imposible".

Y esta última irregularidad es la que intentaba probar la formación socialista requiriendo las nóminas y certificados fiscales antes citados, documentación que según ellos no le ha sido facilitada en plazo para ser cotejada. No es la única alegación a los presupuestos que se ha planteado.

La otra, tal y como anunciaban, ha sido presentada por los sindicatos. En el caso de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), este sindicato basó su escrito en la supuesta arbitrariedad por parte de la alcaldía a la hora de asignar los complementos específicos.

Así el CSIF denuncia que el complemento de peligrosidad, dificultad y responsabilidad le ha sido asignado a dos administrativos de la plantilla y a un auxiliar y, sin embargo, se les niega, entre otros, a los propios agentes de la policía local a los que sí debería corresponder el referido complemento "de peligrosidad, dificultad y responsabilidad".

Ello se traduce en que se priven varios trabajadores de una cuantía de 3.476 euros al año al no reconocerse a ellos dicho complemento.

El CSIF denuncia también la brecha salarial que existe en el concello meañés por cuanto, según la normativa vigente -siempre según la formación sindical- el salario del grupo de funcionarios mejor retribuidos no puede superar el triple del salario del funcionario más bajo, y el caso meañés esa brecha se encuentra hoy en el 4,90.

Por estas razones, el sindicato advierte su voluntad de que si el concello meañés no corrige el presupuesto, estar dispuesto a acudir a los tribunales para defender el derecho de los trabajadores municipales. Un CSIF que sigue demandando la elaboración en Meaño de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que ayudaría a clasificar la situación laboral.

Una RPT que los sindicatos demandaran ya en enero de 2017 y que el Concello entonces se comprometió a iniciar e incluso contempló una empresa para su redacción, pero al final el documento sigue sin concretarse.

También se ha presentado una tercera alegación por parte de algunos trabajadores que entienden no se le reconocen salarialmente su dedicación laboral a mayores. Todas estas alegaciones deberán ser resueltas ahora en el pleno ordinario a celebrar el 12 de febrero.

Esa resolución agotaría la vía administrativa, si bien quienes consideren que sus propuestas no han sido tenidas en cuenta podrían recurrir también al amparo de la justicia.