La vista oral contra el expresidente del Liceo Casino de Vilagarcía, Álvaro Paz, y los responsables de la empresa compradora de los terrenos del viejo Liceo, José Manuel Blanco González y Jorge Luis Viña Fernández, así como el arquitecto Francisco Otero Méndez, pro presuntos delitos de falsedad y estafa, en la que también se ha involucrado al Concello de Vilagarcía y al Liceo Casino, estaba prevista para esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña. Pero ayer a mediodía fueron notificadas todas las partes de que volvía a aplazarse por la indisposición de uno de los abogados.

Se da la circunstancia de que este juicio se viene aplazando desde hace cuatro años y ahora, por cuestiones de agenda de la entidad donde debe celebrarse, queda emplazado hasta el mes de junio, otros seis meses de retraso.

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de A Coruña que llevó el caso dictó auto de apertura de juicio oral el 13 de diciembre de 2013. Desde entonces recursos y aplazamientos se fueron sucediendo.

El caso arranca por la venta del edificio del Liceo Marítimo que fue cerrada en documento privado por la directiva que presidía José Manuel Pérez Vallejo. Tras las elecciones en la entidad le sucedió Álvaro Paz, quien decidió formalizar la venta en escritura pública. Según el escrito de la acusación, el acuerdo de enajenación del inmueble incluía unos terrenos de servidumbre de paso para otras propiedades, pero también parte de terrenos que eran de particulares. Los propietarios de estos terrenos, al conocer que se iba a escriturar la venta advirtieron por burofax a la dirección del Liceo Casino de que en la transacción estaban incluyendo parcelas que no eran de la entidad, invadiendo predios privados. En el escrito de acusación se indica que para resolver esta cuestión y ceder al Concello los terrenos correspondientes a los viales, los implicados plantearon una ampliación de la parcela en el Catastro. Para ello presentaron un plano del proyecto de urbanización promovido pro las partes denunciadas. Los propietarios afectados por la supuesta apropiación de terrenos presentaron una denuncia penal en el Juzgado de Vilagarcía, pero dado que los documentos públicos se habían tramitado en una notaría de A Coruña, el caso fue trasladado al Juzgado de esa ciudad. En la instrucción de las diligencias se emplearon varios años, ya que se remontan a 2010.