Malestar entre los sindicatos que abordaron la negociación con la alcaldesa Lourdes Ucha previa a la aprobación de los presupuestos. Desasosiego por partida doble, de una parte por el escaso margen para la negociación, por cuanto la mesa fue convocada para el mismo día 28 de diciembre, a las 13 horas, cuando el presupuesto se debatía en pleno unas horas después, a las 20 horas. Y por otra parte, la falta de acuerdo formal entre las partes, dado que los compromisos verbales de la regidora no convencieron a las fuerzas sindicales que lamentaron como en pasados años esos compromisos quedaron sin aplicación real.
Comisiones Obreras (CC.OO), Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y Confederación Intersindical Galega (CIG), fueron las tres formaciones que, en representación de los trabajadores municipales, se reunieron con la alcaldesa. Entre las demandas que le plantearon a Lourdes Ucha está la equiparación de sueldos del personal con escalafón más bajo con respecto a otros similares de concellos de la comarca. Entre los damnificados por esa falta de equiparación están las trabajadoras de "axuda no fogar" que, según manifestaron los representantes sindicales "son las que menos cobran de toda la comarca y, por encima, ni se les abona los desplazamientos deben realizar".
Este colectivo de trabajadoras reconoce que su situación ha empeorado ostensiblemente en la última época. "Con Jorge Domínguez -explican- trabajábamos con una jornada de 7 horas diarias, cobrando por ello 850 euros brutos al mes, pero en los últimos años esa jornada se nos redujo a 5 y percibimos 643 euros". "Llevamos más de un año demandando que se nos abone el kilometraje -agregan-, porque una trabajadora de axuda no fogar, teniendo que prestar sus servicios en varias de las siete parroquias, hace un media entre 15-20 kilómetros al día, lo que vienen a ser entre 300 y 400 kms. al mes. Hemos estado desde enero de 2017 remitiendo cada mes el kilometraje al concello, demandando se nos abonara a 18 céntimos el km., pero ni se nos pagó nada ni se dignaron a contestarnos a la demanda".
El malestar se hace más patente cara a este 2018 por cuanto, según explican desde el colectivo, "ha habido un compromiso por parte de la regidora para abonarnos en lo sucesivo el kilometraje, pero lo van a incluir dentro de la retribución salarial, retribución que no contempla incremento algunos, esto es, seguiremos cobrando esos 643 euros, incluyendo en esa cifra el kilometraje".
Las trabajadoras, para no perder carga horaria, aseguran haberse ofrecido para trabajar en el servicio que se iba a disponer en fines de semana y festivos, para lo cual el concello pretendía contratar a una empresa privada que desde marzo de 2017 realiza ya este servicio. "Nos dijeron que no podía ser -lamentan-, y a algunas se nos sugirió trabajar para esa empresa los fines de semana a 5,50 euros la hora, cuando por en día laborales el concello paga esa hora 6,50".
Otra de las situaciones que exasperan a este colectivo es el tener que someterse a pruebas cada año para continuar con su puesto, de tal forma que "hay trabajadoras que llevan hasta 12 años renovando su plaza, superando para ello exámenes cada mes de diciembre, y todavía no han adquirido condición de fijas".
Plus de peligrosidad
Otras demandas sindicales hacen referencia a recortes de derechos de los trabajadores, que afectan más a los que menos cobran. Esas mermas hacen referencia a que no se contemple, por ejemplo, el plus de peligrosidad que, entienden como reglamentario para operarios como los trabajadores de la basura "que viajan agarrados atrás en una plataforma del camión, o mismo a los agentes de la policía local".
Una policía local que, en los baremos de nivel del funcionariado, siempre según los representantes sindicales, está reconocido con dos puntos por debajo de sus homólogos en otros concellos del entorno, lo cual, según apuntan "no se traduce tanto en un tema salarial, sino de derechos que repercuten a la hora de la cotización o la pensión futura".
Los sindicatos se han quejado además de la premura de su convocatoria, mismo la representante de la CIG lamentó que no se le hubiera remitido, por error, la convocatoria ni la documentación para dicha reunión.
Este cúmulo de circunstancias y la falta de un compromiso formal y escrito han hecho que los grupos sindicales manifestaran a la regidora municipal su intención de estudiar al detalle el presupuesto aprobado por la corporación, en lo que a derechos de los trabajadores se refiere, para valorar la impugnación del documento.
