Los juzgados de Vilagarcía y Cambados recibieron entre los meses de julio, agosto y septiembre un total de 79 denuncias por violencia machista, es decir, casi una por día. Los casos se incrementan ligeramente en relación a la primavera -segundo trimestre-, cuando llegaron a los tribunales arousanos 74 casos. Mientras que el edificio judicial de O Cavadelo tramitó siete denuncias más que en el periodo anterior (de 37 a 44), el cambadés recibió dos menos (de 37 a 35), según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En ambos partidos judiciales la práctica totalidad de las denunciantes son españolas, pues solo se computan dos extranjeras en cada municipio que demandaron a sus parejas o exparejas.

La estadísticas oficiales recogen que el 100% de las personas enjuiciadas en Vilagarcía el pasado verano por delitos de violencia de género fueron condenadas, mientras que en Cambados recibieron una sentencia condenatoria el 75% de los procesados.

En relación a los sobreseimientos, entre julio y septiembre se archivaron provisionalmente "por no resultar justificada la perpetración del delito" nada más y nada menos que 21 casos: 11 en los juzgados vilagarcianos y 10 en los cambadeses.

Órdenes de protección

Otro dato llamativo es el relativo a las órdenes de protección solicitadas en Arousa, ya que de las 17 incoadas a instancia de las víctimas en el periodo analizado (tercer trimestre de 2017), los jueces denegaron más de las que adoptaron: 16 frente a 11. Esta realidad se limita a Vilagarcía, donde se aceptaron 5 medidas y se rechazaron 12. En la villa del Albariño fueron aceptadas más de las tumbadas: 6 frente a 4.

Buceando en los datos del Consejo General del Poder Judicial se desprende que la inmensa mayoría de las mujeres arousanas que denunciaron en los tribunales episodios de violencia machista ya no tenían una relación afectiva con el supuesto agresor, ya fuese excónyuge o expareja.

Con respecto a quien da la voz de alarma para poner en conocimiento de la Justicia los casos de malos tratos, no denuncian directamente en los tribunales ni las víctimas ni tampoco sus familiares, sino que los delitos llegan a sede judicial mediante atestado policial, en la práctica totalidad de los casos con denuncia de la mujer afectada.