El Ayuntamiento de Vilagarcía ha adjudicado a la empresa ATL (Asesoramiento Tributario Local S.L.) un servicio de colaboración en materia de inspección tributaria para "optimizar" la recaudación de impuestos mediante la revisión de los censos de las principales ordenanzas fiscales. Se trata de garantizar el cobro de los recibos impagados de los últimos años y por tanto de "acabar con la injusticia" de que "haya empresas y personas que no cumplen con su obligación de contribuir a los gastos públicos pero que se benefician de lo que sí aportan los demás", explican desde Ravella. Prueba de ello es un reciente edicto en un boletín oficial a través del cual el Concello intentaba localizar a cerca de 5.000 morosos con deudas en impuestos.
La junta local de gobierno celebrada ayer otorgó el contrato a ATL por un periodo de dos años. La firma se embolsará el 8,9% del dinero que logre ingresar a las arcas municipales mediante las inspecciones. Su oferta fue la "más ventajosa" para la administración vilagarciana de las cuatro presentadas por parte de otras empresas.
Esta medida de reforzar la recaudación municipal es una propuesta de la concejala de Economía y Hacienda, Luz Abalo, después de los resultados "altamente positivos" alcanzados por la inspección desarrollada en 2016 y que afectó únicamente a la ordenanza de la Tasa por Uso Privativo o Aprovechamiento Especial del Dominio Público en el apartado relativo a las grandes compañías comercializadoras de electricidad, gas, teléfono e internet por redes fijas que operan en Vilagarcía.
Experiencia piloto en 2016
La revisión de este tributo abarcó los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014 (ambos incluidos) y reportó a las arcas de Ravella un total de 282.640 euros que se corresponden con la correcta aplicación del porcentaje del 1,5% sobre la facturación de las empresas en el municipio. Con la inspección se descubrió que muchas compañías declaraban ingresos inferiores a los reales y otras que ni siquiera estaban pagando la tasa.
Así, este año el gobierno socialista ha decidido ampliar este tipo de inspecciones a otros impuestos municipales para incrementar la recaudación. El ejecutivo de Varela pretende con esta medida "mantener saneada la economía local de forma que se puedan desarrollar políticas sociales tendentes a ayudar a los colectivos más vulnerables o desfavorecidos".
En este sentido, el actual gobierno lleva varios años congelando las tasas y reduciendo el tipo impositivo del IBI. Además en 2017 ha puesto en marcha por primera vez una bolsa de 90.000 euros para ayudar a las familias a pagar este impuesto, que es el más caro de todos los de gestión municipal. No obstante la subvención se ha articulado como una ayuda de emergencia que se concede a posteriori, es decir, una vez que el contribuyente ha abonado el recibo.
De hecho el periodo de pago del IBI urbano terminó en agosto y actualmente todavía está abierto el plazo para que los vecinos soliciten estas ayudas. La Concejalía de Benestar Social que dirige Tania García anima a los ciudadanos con serias dificultades económicas a pedir las cuantías para financiar el recibo de la contribución. Los requisitos para poder optar a ellas se encuentran en el tablón de anuncios de la página web municipal (www.vilagarcia.es).
La bonificación puede pedirse desde finales de noviembre y puede cubrir hasta un 80% del importe del recibo, hasta un máximo de 250 euros. El Concello está recibiendo "las primeras solicitudes" y el departamento de Benestar confía en que se sumen "muchas otras" para que la medida pueda llegar al mayor número de hogares posible.
Además de un límite de ingresos establecido en base al IPREM, la vivienda para la que se solicita la ayuda debe ser la habitual de la familia y estar emplazada en el municipio de Vilagarcía. El solicitante tiene que estar empadronado en ese domicilio y no puede poseer otra vivienda en propiedad en todo el territorio nacional. Tampoco otros miembros de la unidad familiar pueden ser propietarios de otro inmueble habitable.
