Los vecinos de Catoira, y muy especialmente los integrantes de la comunidad de montes vecinales en mano común de San Miguel, están de enhorabuena. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les da la razón y eleva de forma considerable la cuantía de las expropiaciones que les ofrecieron por la ocupación de terrenos a causa de las obras del Eje Atlántico para el Tren de Alta Velocidad (TAV), en el tramo correspondiente al viaducto interprovincial sobre el río Ulla.
Los comuneros, presididos por el abogado Luis Rey, verdadero artífice de este procedimiento judicial que aún no ha terminado y puede reportarles nuevas alegrías en el futuro, presentaron las correspondientes reclamaciones porque les parecía poco el dinero que les ofrecía el Ministerio de Fomento a través del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Pontevedra.
Y parece que estaban en lo cierto, porque el TSXG permite que en lugar de los 4.000 euros que los comuneros iban a recibir por un par de fincas en concreto puedan cobrar unos 30.000.
Lo mejor de todo, al menos para los intereses de la entidad vikinga, es que siguen en marcha otros recursos por parcelas diferentes a las dos aludidas, a los que se suman los procedimientos judiciales abiertos a instancias de decenas de vecinos a título particular que, muchos de ellos defendidos por el propio Luis Rey, pueden seguir ahora los exitosos pasos de la comunidad de montes.
Los catoirenses creen que si el recurso de los comuneros prosperó pueden hacerlo muchos más, por lo que "se hará justicia y nos pagarán lo que de verdad nos corresponde después de tantos años de ocupación de nuestras propiedades", explica el propio Luis Rey.
Hay que incidir en que ya son dos las sentencias del TSXG que fallan a favor de su comunidad de montes, y parece que pronto se conocerá alguna más que, a priori, se posicionará en el mismo sentido.
Para entender su contenido puede citarse como ejemplo el fallo de TSXG referido a una de esas parcelas en concreto. Reza así: "Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la comunidad de montes de San Miguel de Catoira contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa (...) y debemos modificar los mismos a los solos efectos de elevar la cuantía del justiprecio de la finca por los conceptos de ocupación temporal y establecimiento de servidumbre a la suma total de 14.008,84 euros, en sustitución de los tan solo 2.845,58 euros concedidos (inicialmente) por el Jurado de Expropiación".
Si a ese dinero de le suma una cantidad similar acordada para la otra parcela, como también los intereses de demora acumulados, se obtiene la citada cifra de 30.000 euros que los comuneros podrán percibir con esta primera "oleada" de recursos.
El TSXG tuvo en cuenta que "se prescindió totalmente del hecho de que la ocupación temporal que fue necesaria para llevar a cabo el proyecto modificado (del TAV) era una simple prórroga de la que había sido necesaria para las obras" del proyecto original.
Una primera ocupación, por cierto, en la cual "los parámetros valorativos, aceptados incluso por la Administración expropiante -el Estado central- habían sido mucho más favorables económicamente que los aplicados por el Jurado de Expropiación, que trató de ignorarlos desde la consideración de que se trata de un expediente distinto".
Incompatibilidad
Es, cabe insistir, solo un ejemplo de lo que está dando de sí este procedimiento, llevado a cabo a instancias de los comuneros amparándose en el recurso redactado y justificado por Luis Rey, aunque por una cuestión de incompatibilidades no fue el presidente de los comuneros quién los defendió, sino que lo hizo la firma pontevedresa Raposo Abogados, aunque basándose en el trabajo del letrado catoirense.
Éste, que sí representa en el juzgado a un buen número de ciudadanos catoirenses que reclaman más dinero al Ministerio de Fomento, recuerda que las parcelas se expropiaron inicialmente para el periodo 2008-2012. Lo que sucedió fue que la obra del TAV acumuló retraso y se amplió la ocupación y/o expropiación cuatro años más.
Pero resulta que en ese periodo cambiaron las reglas del juego a nivel expropiatorio, de ahí que por la ampliación de la ocupación se les ofreciera mucho menos dinero que la primera vez, a pesar de que se trataba de los mismos terrenos y nunca dejaron de estar ocupados.
Dicho de otro modo, y de forma mas campechaña, "si al principio nos daban diez euros por metro cuadrado después nos ofrecían solo un euro por metro", detalla Rey.
Esto motivó los recursos contencioso-administrativos presentados por su entidad, exigiendo que se les pagara con la misma valoración que en las primeras expropiaciones.
Unos recursos, en resumen, que se fallan de manera satisfactoria para los comuneros y se refieren a las fincas urbanas más importantes de esta entidad, por lo que está todavía pendiente de resolución la situación de los terrenos rústicos y la de muchas otras parcelas vecinales por las que se presentaron otras reclamaciones judiciales semejantes.
