El Bloque Nacionalista Galego presentará mociones en todos los Ayuntamientos de la comarca contra la subida en los peajes que se aplicará a partir del próximo mes de enero en toda la AP-9. Una decisión que desde este grupo político califican de "nuevo atraco".
La autorización a Audasa por parte del gobierno central, a través del Ministerio de Fomento, de la subida extraordinaria durante los próximos tres años del 3,1% para todos los tramos de la autopista, ha generado críticas muy severas. La diputada Montserrat Prado señaló al respecto que "exigimos una rectificación al gobierno estatal y exigimos dignidad a Núñez Feijóo para que defienda los intereses de todos los gallegos".
Una de las primeras decisiones que adoptará el BNG es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la situación generada. Del mismo modo se insta a la Xunta de Galicia a cumplir los acuerdos del Parlamento Gallego que en 2016 aprobó por unanimidad la transferencia de la AP-9 al gobierno autonómico.
Deja bien claro Montserrat Prado que "estamos hablando de una infraestructura totalmente amortizada desde hace muchos años. Una explotación que da grandes beneficios a la concesionaria, beneficios además que no repercuten en una mejora del servicio". Entre los motivos de queja expresados por la portavoz nacionalista se enumeran "el no bajar el precio durante las obras, no mejorar ni la iluminación ni el asfaltado reduciendo además el personal en las cabinas de pago".
Insistió Prado en que "un aumento del 3,1% es una burla a todos los gallegos. Una marginación respecto al resto del Estado que no se puede tolerar. Estamos hablando de la arteria más importante en las comunicaciones de Galicia y de la que depende buena parte del tejido económico de muchísimas empresas y autónomos".
Uno de los datos que utilizó el BNG para evidenciar su denuncia es la que expresó Montserrat Prado, "¿cómo puede ser que valga más el peaje entre Vigo y A Coruña que ir de A Coruña o de Vigo hasta Madrid?". Del mismo modo, añadió la diputada que "a cualquier persona de la comarca de O Salnés que vaya a trabajar a Vigo le cuesta cerca de 250 euros de peajes. Eso es un porcentaje muy alto de los salarios de cada trabajador, algo inadmisible".
El Bloque Nacionalista Galego aspira a que desde Galicia se tome el control de esa autopista "para finalizar con las deficiencias en su gestión, las tarifas abusivas, los incrementos constantes y mismo que sea empleada como objeto especulativo por parte de grandes fondos de inversión dados los altos beneficios que genera para el bolsillo de todos los usuarios".
Víctor Caamaño añadió al respecto que "conozco casos de trabajadores que han tenido que renunciar a puestos porque no les compensaba debido al gasto de desplazamiento que tenían que asumir. Estamos en una comarca muy bien comunicada, pero que está con un impuesto revolucionario que le impide crecer económicamente".
El enfado de Montserrat Prado subió de tono al recordar que "no puede ser que dos de las tres autopistas con una concesión más larga estén en Galicia y son la AP-9 y la A-57. Pedimos a los vecinos que se rebelen ante este nuevo atraco porque todo esto va en detrimento de los intereses de todos los gallegos".
El estudio realizado por el BNG afirmó también que, en palabras de su diputada, "que Galicia es el 6% de la población y, sin embargo, aporta el 10% de la recaudación total de los peajes en España. Esto es una desproporción injustificable. Parece que no tenemos bastante con los aplazamientos de la llegada del AVE o del Corredor Atlántico que también tenemos que callarnos ante este abuso y ante la sumisión del gobierno de Feijóo en Madrid".
