La decisión adoptada por la Diputación provincial de paralizar las obras de ampliación del vial de Baión (EP-9701), en Vilanova de Arousa, se resolverá en los juzgados. El Concello ha presentado un contencioso administrativo al entender que se ha causado un serio perjuicio tanto a la administración pública como a los vecinos, sobre todo, porque la obra ya se encontraba contratada y con el acta de replanteo realizada. Los servicios jurídicos del Concello vilanovés no solo han presentado la denuncia en el contencioso administrativo de Pontevedra, sino que ya han solicitado una serie de informes a la Diputación, a través del juzgado, para que se clarifique quién fue la persona o personas que tomaron la decisión y en qué informes se basaron para ello.
De hecho, el organismo provincial ya ha comenzado a remitir esos informes al juzgado que lleva el caso para que este decida si existen motivos para continuar con la causa o si se archiva. El Concello de Vilanova ha sido el único que ha dado el paso de llegar hasta los juzgados, pese a que no fue el único que anunció que iba a tomar medidas legales por la paralización en su territorio de otras actuaciones que quedaron contratadas en la etapa como presidente de la institución de Rafael Louzán. En concreto, otros seis municipios llegaron a anunciar esas medidas, entre ellos el de Meis, aunque no se ha decidido todavía a dar el paso.
La obra que reclama Vilanova es la ampliación y mejora de un tramo de la carretera de Baión, la EP-9701, que afectaría a la calzada situada entre los lugares de Sestelo y Serantes, ambos en la parroquia vilanovesa. Se trata de un tramo de algo más de tres kilómetros de longitud en el que la Diputación de Pontevedra, en la etapa como presidente de Rafael Louzán, diseñó un proyecto de actuación cuyo coste era de 1,7 millones de euros y cuyo principal objetivo era mejorar la seguridad y ampliar el espacio destinado a los peatones, con la construcción de arcenes amplios, además de eliminar una serie de curvas importantes con riesgo para la circulación.
El proyecto recibió el visto bueno en 2014 y fue adjudicado a la empresa Covsa. Sin embargo, con el cambio de gobierno en la Diputación, en julio de 2015, las obras nunca llegaron a iniciarse pese a que desde el Concello de Vilanova entendían que eran muy necesarias, no solo por la estrechez y el sinuoso trazado, sino también para mejorar las condiciones de seguridad de los peatones.
La obra se fue dilatando en el tiempo hasta que, en julio del pasado año, la Diputación anunció que anulaba el proyecto de mejora de la carretera que une Baión con András. La decisión se fundamentó en que el proyecto presentaba graves deficiencias, hasta el extremo, indicaban desde el ente provincial, de que ni siquiera existía un permiso de muchos propietarios para la ocupación de sus terrenos por la carretera. La ruptura del contrato con la empresa se realizó por la vía amistosa, lo que le supuso a la Diputación el pago de penalizaciones. Desde el ente provincial también se puso en entredicho "la celeridad con la que se contrató la obra, en la última semana del gobierno de Rafael Louzán", sobre todo si se tiene en cuenta el lento avance que registró el expediente con anterioridad.
La decisión de paralizar las obras no sentó nada bien en el seno del grupo de gobierno vilanovés, cuyo máximo responsable, Gonzalo Durán, arremetió contra el gobierno de Carmela Silva, del que llegó a afirmar que "parece que nos han robado 1,7 millones de euros de esta carretera". El regidor también acusó al gobierno provincial de paralizar la obra "por motivos meramente políticos y de dudosa legalidad que se deben explicar en los juzgados". De hecho, llegó a afirmar que buscaría explicaciones en los juzgados, paso que ha dado recientemente.
