Tras una serie de aplazamientos a petición de uno de los abogados defensores, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Vilagarcía pudo tomarle declaración al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, por una presunta concesión irregular de dos tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. Durante poco más de media hora, el regidor explicó a la responsable del juzgado como se otorgaron esas tarjetas, algo que el propio Durán reconocía días antes "quiero clarificar" para que se archive un caso en el que está investigado por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Al término de su comparecencia, el alcalde vilanovés no quiso hacer declaraciones más allá de reconocer que "estoy muy tranquilo por haber tenido la oportunidad de clarificar esta situación delante de la jueza".

Durán no fue el único investigado que pasó ayer por las dependencias judiciales, ya que unos minutos antes, la jueza interrogó a una mujer, presuntamente beneficiada con la concesión de una de las tarjetas para discapacitados. La otra de las tarjetas por las que se investiga al regidor se le otorgó a una persona que falleció poco tiempo después.

Los hechos por los que se investiga a Durán se remontan al pasado año, cuando los agentes de la Policía Local de Vilanova de Arousa multaron a dos personas por estacionar sus vehículos en el lugar reservado para las personas discapacitadas habilitado en el centro de salud. Una denuncia anónima remitida a la Fiscalía de Pontevedra, y sobre la que se fundamentó la investigación, habría asegurado que esas multas fueron retiradas, y además, se les habría concedido a los dos infractores una tarjeta especial que utilizan las personas discapacitadas para poder estacionar en áreas reservadas a tal efecto en cualquier parte del territorio español.

Tras una serie de investigaciones, la Fiscalía remitió la información al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Vilagarcía, que abrió diligencias penales por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación. Antes de que Durán declarase, han pasado por las dependencias judiciales de Vilagarcía varios funcionarios, entre ellos, la asistenta social, para conocer si esas tarjetas fueron administradas de forma adecuada.

La declaración de Durán estaba prevista para el lunes pasado, pero el señalamiento de otro juicio para uno de los abogados defensores motivó su aplazamiento para el miércoles. Sin embargo, el miércoles volvió a surgir el mismo problema, una situación que se acabó resolviendo en la jornada de ayer, cuando comparecieron dos de los imputados y un testigo a los que la jueza tomó declaración.

No es la primera vez que Gonzalo Durán se ve obligado a pasar por las dependencias judiciales acusado de un presunto delito de prevaricación. Solo en los últimos años, el regidor vilanovés tuvo que hacer frente a dos casos en los que fue denunciado por el PSOE. El primero de ellos se debió a una serie de contrataciones realizadas por la administración municipal en las que el alcalde optó por levantar los reparos realizados por Secretaría. La segunda de ellas fue por el cobro de dietas de kilometraje, un caso en el que el Partido Socialista aseguraba que había cobrado por desplazamientos que no había realizado, al encontrarse, en ese momento, de viaje en el extranjero. Las dos denuncias acabaron siendo desestimadas por el juzgado, al no encontrar ningún tipo de prueba que demostrase esas acusaciones. Sin embargo, el regidor se vio en la tesitura de tener que pasar por dependencias judiciales a declarar en lo que calificó como "un burdo intento político de conseguir en el juzgado lo que las urnas no les dan".