El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán Hermida, está citado a declarar el próximo mes de junio en calidad de investigado por la presunta concesión irregular de tarjetas de estacionamiento para discapacitados. El caso se activó hace ya algunos meses tras una denuncia ante la Fiscalía en la que se aseguraba que el regidor había levantado una serie de sanciones impuestas por la Policía Local de Vilanova a, al menos, dos vecinos, por estacionar en el área reservada a discapacitados del centro de salud de Vilanova. Para la retirada de la denuncia, supuestamente, se les habría otorgado una tarjeta especial que utilizan todos los discapacitados para poder estacionar en las áreas reservadas a tal efecto, librándose de la multa tras presentar un pliego de descargo.
Tras una serie de investigaciones, la Fiscalía ha decidido dar traslado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Vilagarcía, que ha abierto diligencias que llevarán al regidor a declarar como investigado en esta causa.
De hecho, por las instalaciones judiciales ya han circulado varios funcionarios a los que se les ha tomado declaración, el último de ellos, ayer mismo, paso previo a la presencia de Durán en las dependencias judiciales investigado por un presunto delito de prevaricación.
El regidor no quiso hacer declaraciones al respecto en el día de ayer, aunque aseguró estar "muy tranquilo, ya que demostraré con documentos que no tengo nada que ver con eso". El alcalde vilanovés recibió la citación la pasada semana y ya ha puesto todo en manos de sus asesores jurídicos.
No es la primera vez que Gonzalo Durán se ve obligado a pasar por las dependencias judiciales acusado de un presunto delito de prevaricación. Solo en los últimos años, el regidor vilanovés tuvo que hacer frente a dos casos en los que fue denunciado por el PSOE. El primero de ellos se debió a una serie de contrataciones realizadas por la administración municipal en las que el alcalde optó por levantar los reparos realizados por Secretaría. La segunda de ellas fue por el cobro de dietas de kilometraje, un caso en el que el Partido Socialista aseguraba que había cobrado por desplazamientos que no había realizado, al encontrarse, en ese momento, de viaje en el extranjero.
Las dos denuncias acabaron siendo desestimadas por el juzgado, al no encontrar ningún tipo de prueba que demostrase esas acusaciones. Sin embargo, el regidor se vio en la tesitura de tener que pasar por dependencias judiciales a declarar en lo que calificó como "un burdo intento político de conseguir en el juzgado lo que las urnas no les dan".
