El Concello de Cambados se convertirá en el primer municipio de O Salnés que se va a declarar "zona libre de paraísos fiscales", un título que nace en una iniciativa de la ONG Oxfam Intermón que emplaza a las administraciones locales a dar una respuesta contundente "a un problema global". El texto que presentará el grupo de gobierno al pleno del próximo jueves advierte de que "los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasa la mitad del comercio mundial, provocan disfunciones, tanto a nivel global como local".
La elusión fiscal que realizan los grandes capitales que se refugian en los paraísos fiscales suponen "una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas, que no pueden, o no quieren, hacer uso de esas prebendas".
La iniciativa llegará al pleno tras un proceso participativo promovido por la ONG en los últimos meses, que convocó a activistas de diferentes colectivos de justicia social, una apuesta que ha sido recogida por el cuatripartito, que en junta de gobierno, confirmó su total respaldo a la moción.
El portavoz municipal del cuatripartito, Xurxo Charlín, destacó ayer que "la iniciativa será "una respuesta local a un problema mundial que nace de la sociedad civil y que es compartida por todos los integrantes de este gobierno, para que el asunto sea abordado por todos desde el mayor número de puntos de vista posibles".
Para el edil cambadés, los concellos pueden reducir el impacto global de los paraísos fiscales y tratar de modular el comportamiento fiscal de las empresas "hacia prácticas responsables a través de un mayor control de los concursos públicos que impulsan, con el fin de que todos ellos se den en condiciones de libre competencia y no de dumping fiscal".
La intención del cuatripartito es comprometerse a dar los pasos necesarios para asegurar que "los concursos públicos favorezcan a empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de aquellas firmas que utilizan paraísos fiscales para evadir o eludir sus obligaciones tributarias".
El gobierno cambadés está dispuesto a compartir con otros municipios y con la ciudadanía la información relativa a las decisiones sobre las empresas que recibieron puntos positivos y las que no, en función de su responsabilidad fiscal, y traducir en la tramitación de las disposiciones legales necesarias para su articulación en el plazo aproximado de tres meses, a partir de su aprobación en sesión plenaria.
