La mayor parte de las altas incluidas hasta ahora en Galicia se centran en el rural. Los nuevos inmuebles en el IBI urbano, el que implica más ingresos para los municipios, es más escaso. Se persiguen sobre todo piscinas, garajes, ampliaciones y otras obras no dadas de alta y detectadas en muchos casos mediante imágenes aéreas.

Por el momento, el Concello de Pontevedra no se plantea retoque alguno en la ordenanza del IBI, a la espera de que se conozca el resultado de esa "regularización", ya anunciada para el año que comienza mañana.

Tampoco se prevén cambios, a priori, tras la actualización de los valores realizara en 2016, que se cifra en 274 millones más, hasta los 2.755 de tasación del todo el municipio, alrededor de un 11%, incluidas las nuevas altas. Esta medida fue solicitada por el gobierno local el pasado año, amparándose en un decreto que permite ese aumento en aquellos municipios cuya ponencia tenga más de cinco años de vigencia. La de Pontevedra es de 2001. El gobierno local insiste en que el recibo de ese año será "idéntico" al de 2015, año en el que dejó de tener vigencia la subida excepcional del IBI que decretó el Gobierno central en 2013 y que también era del 10.

Otro municipio donde existe notable polémica con el Catastro es en Sanxenxo, donde una plataforma vecinal reclama desde hace meses una revisión del IBI. Cotobade o Caldas también fueron escenario de protestas.

El gobierno local de Pontevedra evita adelantar acontecimientos con respecto a las medidas que aplicará si los valores catastrales suben en exceso. La Fegamp asegura que será cada concello el que decida que tasa se aplica (del 0,3% al 0,9%), así como la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% para explotaciones o industrias agroganaderas.