A la espera de que lo hagan también municipios como Vilagarcía -esta misma semana-, Pontecesures se convirtió ayer en el quinto ayuntamiento de la provincia -el primero del Ullán y de las comarcas de Caldas y O Salnés-, oficialmente implicado en el programa de la Xunta mediante el cual se crea una bolsa de viviendas sociales a partir de inmuebles desocupados, que de este modo pueden ofrecerse a precios de alquiler asequibles a familias o personas en situación de dificultad económica.

Tras Redondela, Gondomar, Ponteareas y Baiona el Concello de Pontecesures estampa su firma en un documento avalado por la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, que ayer se desplazó a la villa ribereña para dar oficialidad a este programa.

Lo hizo junto a Juan Manuel Vidal Seage, el alcalde conservador de la localidad, quien lógicamente se mostró encantado con la propuesta y ofreció toda la colaboración posible de la Administración local para conseguir esos inmuebles de organismos, particulares o empresas que por estar desocupados o sin uso son susceptibles de convertirse en viviendas sociales de alquiler, con un coste máximo para el inquilino de 300 euros al mes, dependiendo de las características y condiciones de la propia estructura.

Con este programa de ayuda social, en el que participan actualmente 29 localidades de toda Galicia, Pontecesures se sitúa en disposición de ofrecer viviendas a partir de un alquiler "que resulte de interés tanto para el arrendador como para el arrendatario".

O lo que es lo mismo, se trata "de que al propietario le compense incorporar la vivienda vacía a este programa por la renta que va a recibir y de que el beneficiario pague un alquiler asequible", el cual será además "compatible con otras ayudas que pueda percibir, tanto del Ayuntamiento como de la Xunta".

Así lo explican en la Consellería de Infraestructuras e Vivenda, donde además aclaran que "las viviendas que se incorporan a este programa están doblemente aseguradas por la Xunta, con un seguro multirriesgo del hogar y otro de garantía de cobro de la renta, con asistencia y defensa jurídica, para dar seguridad y tranquilidad a los arrendatarios".

De este modo, gracias a esas pólizas que también financia la Xunta, el propietario del inmueble convertido en vivienda social "ve como el piso que cede en alquiler para ayudar a las familias está totalmente asegurado" y además puede estar mucho más tranquilo o confiado, ya que tiene un aval de cobro en todo momento.

De este modo se evitan problemas y desconfianzas, pues no cabe duda de que muchos propietarios no están dispuestos a alquilar su piso a familias en dificultades.

Con motivo de esta firma de convenio y el paso al frente dado por el Concello de Pontecesures, la conselleira aprovechó para lanzar un mensaje al Ayuntamiento de Pontevedra, animándolo a suscribir cuanto antes este proyecto para dar cumplimiento a una moción aprobada en este sentido por el pleno de la Corporación.

A este respecto, la titular de Vivenda incidió en que este convenio para la consecución de viviendas sociales es más importante si cabe en las grandes ciudades, porque es en ellas "donde se registra mayor número de desahucios y hay más familias que precisan de un hogar".

Pero ayer la conselleira no solo se acordó de Pontevedra, sino que lo hizo también de A Coruña y Ferrol, alegando que "no deja de sorprender que se nieguen a participar y a cooperar con nosotros en la lucha contra los desahucios cuando lo que le estamos pidiendo no supone coste alguno para las arcas municipales".

En el lado contrario de la balanza se encuentran comarcas como la de Barbanza (Arousa Norte), donde forman parte del programa sus cuatro ayuntamientos: Rianxo, Ribeira, A Pobra do Caramiñal y -desde ayer- Boiro.