La ordenanza de terrazas, aprobada por el Pleno, no sin polémica, a finales de septiembre entra hoy en vigor, abriéndose el plazo para que los hosteleros soliciten la correspondiente autorización municipal conforme a la nueva normativa. El Concello informó por carta a los 120 hosteleros vilagarcianos sobre los plazos a cumplir y documentación a presentar, así como de la bonificación a la que pueden acogerse, diferenciando entre aquellos locales que cuentan con licencia municipal anterior y los que carecen de ella.
En el primer caso, el permiso caduca a finales de año y para poder mantener la instalación a partir de entonces deben haber solicitado la nueva autorización antes del 31 de diciembre. Los titulares de terrazas sin licencia tienen que solicitar el permiso a partir de mañana y los que acumulen deudas con el Concello relacionadas con la ocupación de la vía pública disponen de un plazo de quince días para ponerse al corriente con la Hacienda municipal, ofreciéndole facilidades como el fraccionamiento del pago previa solicitud ante el servicio de recaudación dentro del mencionado plazo de 15 días. Refiriéndose a estos últimos hosteleros, el gobierno local defiende que, "al igual que las restantes actividades económicas y todos los vecinos, tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias para no causar agravio con el resto de la ciudadanía, máxime cuando se trata de la ocupación de la vía pública".
La solicitud de licencia por parte de los hosteleros debe acompañarse de un plano de situación del establecimiento, fotografía de la fachada, catálogo de los elementos, copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y liquidación definitiva de las tasas. Durante los años 2016 y 2017 se aplicará una bonificación en la cuota, previa solicitud, a aquellos sujetos que acrediten inversiones realizadas para ajustarse a las nuevas exigencias.
El gobierno socialista sostiene que la normativa que hoy entra en vigor contribuirá a "una mejor ordenación de los espacios públicos y beneficiará tanto a los hosteleros como a la ciudadanía en general, al compatibilizar el aprovechamiento comercial del suelo público con el derecho de los vecinos a descansar y a transitar por las calles.
