Las pousadas fueron una de las grandes apuestas del anterior presidente de la Diputación, Rafael Louzán. Pero el proyecto ha estado rodeado casi desde el principio de controversia. El hecho de que las obras hayan costado casi un 40 por ciento más de lo presupuestado en un primer momento, o la supuesta competencia desleal que estos establecimientos provocarían en la hostelería de O Salnés, al ser financiada su construcción con fondos públicos, provocaron que las pousadas estuviesen muchos meses en el ojo del huracán.

Con el cambio de gobierno en la Diputación se ha avivado el fuego. Carmela Silva acusó al equipo de Louzán de haber incurrido en varias irregularidades durante la tramitación y gestión del proyecto, así como durante la ejecución de las obras. Tanto es así que entregó a Fiscalía copias de expediente, por si estimaba oportuno abrir una investigación sobre los hechos. No obstante, el Ministerio Público acabó archivando el caso, alegando que no veía ningún ilícito penal, y que si había alguna irregularidad, ésta era de tipo administrativo, con lo que habría que dirimirla por la vía del contencioso.

El PP provincial ha exigido en numerosas ocasiones al ejecutivo de Carmela Silva que ponga en marcha los cuatro edificios, a lo que desde la Diputación se ha contestado que algunos de ellos tenían tantas deficiencias (tanto de obra como administrativas) heredadas de la época de Louzán que la empresa de Hotusa ni siquiera se quería hacer cargo de las mismas.