El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ribadumia ha denunciado en el juzgado la supuesta sustracción de dos discos duros y el borrado de datos de los servidores informáticos de la administración. Así lo reveló ayer el gabinete de David Castro mediante un comunicado de prensa.
"A principios del presente 2016, con motivo de los trabajos de revisión informática necesarios para la actualización de la página web municipal y la contratación del sistema de grabación de los plenos, el equipo de gobierno se encontró de manera circunstancial con una serie de incidencias en los servidores informáticos que almacenan toda la información relacionada con la gestión administrativa del Concello", indican en dicho comunicado.
En vista de estos hechos, el tripartito decidió contratar una auditoria del sistema informático a cargo de una empresa externa. Y los resultados llegaron esta semana a la casa consistorial. Al analizarlos, "ante la gravedad de los hechos constatados", el Concello ha decidido denunciar los mismos ante la justicia, "a fin de que se aclaren las responsabilidades a que hubiese lugar y se investiguen los posibles responsables de los hechos".
En Ribadumia gobierna desde junio pasado un tripartito formado por Independientes, con el alcalde David Castro a la cabeza, Somos Ribadumia y el PSOE. Según el escrito remitido ayer, la empresa que ha realizado la auditoría externa ha detectado varias presuntas irregularidades graves, como la imposibilidad de restaurar las copias de seguridad del servidor informático del Ayuntamiento en fechas anteriores al 12 de junio del año pasado (fecha en la que se consumó el cambio de gobierno municipal), a pesar de que el sistema estaba programado para conservarlas durante 894 días, lo que supone prácticamente tres años.
El informe añade que también faltan dos de los discos duros de almacenamiento de las copias realizadas, y que habrían sido sustituidos el día 11 de junio, "no encontrándose en el Ayuntamiento el volumen anterior".
Finalmente, los informes de la empresa externa ponen de manifiesto que no se posible recuperar los datos borrados con programas de recuperación de archivos "al ser el disco duro sobreescrito con caracteres hexadecimales aleatorios".
Las elecciones municipales de hace un año supusieron en Ribadumia un cambio de 180 grados en la política municipal, pues el Partido Popular perdió la mayoría absoluta por primera vez desde la instauración de la democracia en España. Eso significó la pérdida de la Alcaldía de la ahora diputada provincial Salomé Peña (que gobernaba en Ribadumia desde 2001), y la pérdida también de una plaza emblemática para Rafael Louzán, que meses después se quedaría también sin la presidencia de la Diputación y dimitiría de su cargo como concejal en Ribadumia.
La sospecha
El tripartito no pone nombres y apellidos a sus sospechas, aunque señala que las irregularidades se produjeron en los días inmediatamente anteriores al cambio de gobierno, y después de que las tres formaciones hiciesen público su pacto. Además, indican que "los servidores están situados en un cuarto al que solamente tenían acceso el personal de mantenimiento informático autorizado y los gestores del Ayuntamiento en ese momento".
Tanto es así que el Ayuntamiento apunta que aunque "queremos dejar claro que desde el equipo de gobierno no se está haciendo ningún tipo de acusación directa", sí se ha solicitado que comparezcan en el juzgado en calidad de investigados tanto la exalcaldesa, Salomé Peña, como los responsables de la empresa que llevaba en su día el mantenimiento informático. "Indicamos los nombres de la persona y empresas responsables directos de la gestión informática en el momento en el que sucedieron los hechos", remacha el Ejecutivo local.
El gobierno que lidera David Castro señala que los hechos son muy graves, y responsabiliza tanto a quienes los cometieron de forma directa, borrando presuntamente la información y llevándose los discos duros si en efecto estos faltan, como a quienes "por omisión de su deber de guarda y custodia y buena gestión de los datos propiciaron que se cometiesen" los hechos.
El Ayuntamiento recuerda que el mal uso de la información contenida en esos equipos informáticos supuestamente sustraídos vulneraría la Lei de Protección de Datos, de ahí que apunte que también presentó la denuncia "para salvaguardar la posición del Concello delante de un mal uso de los mismos" y sus perjuicios a terceros.
